La Corte Constitucional Colombiana admite una nueva demanda contra la prohibición de corridas de toros en el país
El caso plantea si la ley que prohíbe estas actividades vulnera el derecho al trabajo, la propiedad privada y la libertad de empresa.


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La Corte Constitucional de Colombia ha admitido a trámite una demanda presentada por Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Cormanizales, corporación organizadora de las actividades taurinas de la Feria de Manizales. La acción legal busca declarar inconstitucional la ley que prohíbe las corridas de toros en el país, norma que entrará en vigor en tres años y que ya cuenta con hasta ocho demandas admitidas a trámite, como muestra de que el secotr sigue plantando pelea ante este atropello a la libertad.
La demanda se enfoca en varios puntos clave. En primer lugar, argumenta que la prohibición afecta el derecho al trabajo de toreros, novilleros y demás personas vinculadas a la tauromaquia. Gómez Muñoz señala que el plan de “reconversión laboral” contemplado por el Congreso es ambiguo y carece de medidas concretas, dejando a los afectados sin alternativas claras para su futuro profesional. Este argumento fue aceptado por la Corte, que analizará si la interferencia en el derecho al trabajo es proporcional.
Otro de los puntos admitidos se refiere al impacto sobre la propiedad privada. La demanda cuestiona que la ley no ofrece soluciones claras para reutilizar las plazas de toros, dejando a los dueños y promotores sin garantías sobre el uso futuro de estos inmuebles, lo que podría constituir una vulneración de sus derechos patrimoniales y de libertad empresarial.
Sin embargo, no todos los argumentos de la demanda fueron aceptados. La Corte rechazó el planteamiento que señalaba una vulneración de la “diversidad cultural” al prohibir las corridas. Según el despacho de la magistrada Natalia Ángel, la jurisprudencia ha evolucionado para reconocer que, aunque el toreo fue considerado una práctica cultural en el pasado, actualmente se percibe como una actividad en conflicto con principios superiores, como la protección animal.
La decisión de admitir estos cargos específicos asegura que el debate sobre la prohibición de la tauromaquia en Colombia tendrá un nuevo capítulo en la Sala Plena del alto tribunal. Este análisis podría sentar un precedente significativo en la tensión entre derechos culturales, laborales y el bienestar animal.