La Corte Constitucional colombiana impone el fin de las corridas de toros y otras expresiones culturales

La Corte Constitucional de Colombia ha dejado en firme la Ley 2385 de 2024, conocida como "No más olé", que establece la prohibición de las corridas de toros en el país a partir de 2027. La decisión, que también incluye el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas, supone la extinción de una expresión cultural que ha formado parte de la identidad de numerosas regiones colombianas.

La sentencia no solo afecta a la tauromaquia, sino también a otras manifestaciones como las corralejas, las peleas de gallos y el coleo, que contarán con un plazo de tres años para desaparecer definitivamente. Con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero y decisión unánime de la Sala Plena, el alto tribunal desestimó las demandas que defendían la diversidad cultural, el derecho a la libre expresión y la protección del patrimonio, inclinándose en cambio por los derechos de los animales.

Los taurinos alegaron que la prohibición desconoce el valor cultural de estas prácticas, además del grave impacto económico que implica la desaparición de una industria que genera empleo, turismo y riqueza en torno al toro de lidia. Sin embargo, la Corte desechó dichos argumentos y afirmó que la norma no impone cargas fiscales directas, dejando la reconversión laboral en manos de futuras reglamentaciones.

Otro punto de controversia se centra en el futuro del toro bravo. Los criadores sostienen que esta raza está íntimamente ligada a la tauromaquia y que su desaparición supondría una pérdida irreparable. El Ministerio Público respondió que la ley no prohíbe la crianza de estos animales, sino únicamente su uso en espectáculos, aunque el dilema sobre la viabilidad de la raza sigue abierto.

La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Alcaldía de Bogotá respaldaron la constitucionalidad de la ley, defendiendo que el respeto a los animales prevalece sobre la libertad cultural de quienes practican la tauromaquia. No obstante, en Bogotá sigue vivo el debate, pues la sentencia T-296 de 2013 obligaba a reanudar los festejos taurinos en la plaza de La Santamaría, lo que genera un choque normativo aún sin resolver.

Con esta decisión, Colombia se encamina a un escenario donde en apenas tres años se extinguirán prácticas que durante siglos han sido expresión cultural, identidad y patrimonio vivo. El debate, lejos de cerrarse, se aviva entre quienes defienden la preservación del arte taurino y quienes celebran su eliminación.