El juez pisa el acelerador en la investigación del desvío de fondos en la RFEF: 24 interrogatorios en 40 días

La Audiencia Nacional pisa el acelerador en la investigación del «caso Soule», la supuesta trama de desvío de fondos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo el mandado de Ángel Villar. A instancias de Anticorrupción, el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración en poco más de un mes, entre el próximo jueves y el 10 de marzo, a cuatro investigados y a una veintena de testigos, la gran mayoría empresarios, para indagar en una presunta operativa de facturación falsa con la que, solo en la Federación Catalana de Fútbol (FCF) se habrían detraído, según la Fiscalía, 9.936.144,87 euros entre 2011 y 2018.

Y es que la nueva documentación aportada al juzgado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avala, en opinión de Anticorrupción, «la elevada financiación» supuestamente irregular de la FCF, proveniente tanto de la Federación Española como de la mutua de los futbolistas, Muprefe, «contraviniendo la normativa aplicable».

A la cabeza de los nuevos imputados figura Antonio Suárez Santana, vicepresidente de la Federación que preside Luis Rubiales –como adelantó El Mundo–, aunque será su gestión como presidente de la territorial canaria la que le lleve ante el juez como investigado el próximo 3 de marzo, al igual que a su mano derecha, el sempiterno secretario general de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FILP) Juan Carlos Naranjo, que está citado una semana después, el 10 de marzo.

Tras recibir ese último informe de la UCO, el instructor también ha acordado que vuelva a declarar como imputado José Contreras, ex directivo de la Federación Catalana y cuyas empresas –según mantienen las fiscales Anticorrupción en el escrito en que solicitan su citación– habrían resultado beneficiadas de adjudicaciones de la Federación Catalana y la delegación catalana de Mupresfe «por precios muy superiores a los de mercado» y en detrimento de las entidades futbolísticas catalanas. A cambio de esos favores, la UCO cree que el empresario realizó obras de reforma en la vivienda familiar del entonces presidente de la FCF, Andreu Subies, en Cambrils (Tarragona) y en el restaurante que regentaba la esposa del mandatario, Clara Forcada. En total, 1.139.292,86 euros que se habrían pagado «con fondos procedentes de la Federación Catalana de Fútbol».

En marzo de 2019, la investigación sobre ese supuesto desvío de fondos le costó el puesto de vicepresidente de la RFEF a Subies, entonces mano derecha de Rubiales, y ahora llevará también ante el juez como investigada, el próximo 5 de marzo, a su esposa, Clara Forcada. De hecho, las nuevas pesquisas de la Guardia Civil han apuntalado la información sobre esa presumible contraprestación con el hallazgo de nuevas facturas y la identificación de más empresas que, según la UCO, llevaron a cabo esos trabajos, simulados o reales, al menos hasta 2015.

Anticorrupción sostiene, por ejemplo, que Forcada firmó el 22 de febrero de 2018 con Contreras «al solo fin de aparentar el pago de obras que realmente no se habrían producido», por lo que podría haber incurrido en falsedad continuada en documento mercantil y participado en diversos delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y apropiación indebida

En la Federación Canaria, el magistrado investiga la presunta comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida, fraude de subvenciones, malversación, falsedad en documento mercantil, corrupción entre particulares y prevaricación. Fundamentalmente, por obras de sustitución del césped en distintos campos de fútbol, adquisición de material deportivo (que en ocasiones ni siquiera fue entregado) y operaciones de merchandising, todo ello «por un precio superior al realmente procedente». Entre los sospechosos de haber percibido comisiones a cambio de permitir esta trama, además de Valentín Sainz-Rozas, el ex vicepresidente de la FILP, ya fallecido, figura el propio Súarez Santana.

La UCO mantiene que Naranjo habría cobrado una comisión en efectivo de al menos 4.190 euros por la compra de material deportivo y merchandising a Tecsport y Tritón Sport, administradas por otros dos investigados. Los agentes creen que en esa ocasión facturó más material del suministrado y se inflaron los precios, «distribuyéndose el beneficio obtenido en detrimento de la Federación de Fútbol».

Igualmente, habría emitido certificados a Magein 2012 por obras no ejecutadas «con el fin de que pudiera aportarlas en los correspondientes concursos para acreditar su solvencia técnica», dice Anticorrupción.

Bajo sospecha están también unas adjudicaciones en el municipio canario de San Bartolomé de Tirajana para la sustitución del césped artificial de tres campos de fútbol de El Tablero y de la Ciudad Deportiva de Maspalomas. Entre las empresas invitadas figuran dos que ni siquiera presentaron ofertas para esos contratos.