Al Thani denuncia “infracción legal” en el traspaso de Antoñín al Granada

Abdullah Al Thani, propietario del Málaga, ha denunciado en un escrito ante el juzgado una posible “infracción legal” en el traspaso del delantero Antonio Cortés ‘Antoñín’ al Granada y que el administrador judicial del club ha podido incurrir en “responsabilidad mercantil”, por lo que le ha pedido “información detallada” de la operación.

Los abogados del jeque informaron este jueves en un comunicado de que ello se derivaría de haber aceptado "unas condiciones muy inferiores al precio de mercado" en dicho traspaso, por lo que también han solicitado al Juzgado de Instrucción 14 de Málaga que le requiera al administrador judicial del club "las garantías o seguros necesarios para hacer frente a sus responsabilidades".

Al Thani rechazó una oferta mayor del Getafe por Antoñín

La defensa de Al Thani, apartado el 20 de febrero de la gestión del club al nombrar la jueza un administrador judicial para un periodo de seis meses, considera que por Antoñín ya se habían recibido ofertas "de otros clubes como el Getafe por más de 2,2 millones de euros, incluyendo la condición de que pudiera finalizar la temporada con el Málaga".

El Málaga percibió por "una de las principales joyas" de su cantera "apenas 1,5 millones", según el escrito, que alega ante "la excusa de necesidad de liquidez argumentada" que en el momento de la toma de posesión del administrador judicial hace tres semanas "las cuentas bancarias contaban con un saldo de 2,2 millones".

La defensa de la familia Al Thani insiste en que "la razón de la falta de liquidez no se sostiene" y reitera al juzgado que nombre con urgencia a Richard Shaheen, director general de la entidad malaguista hasta la designación del administrador judicial, como interventor "designado por el propietario del club".

También reclama a la jueza que instruye el caso que el administrador del Málaga, José María Muñoz, “se abstenga de tomar decisiones sobre activos esenciales del club, incluyendo expresamente a los jugadores, sin previa consulta al interventor y al secretario judicial, a fin de no incurrir en adicionales responsabilidades mercantiles”.