Bartomeu pasa la noche en el calabozo y hoy será puesto a disposición judicial

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu fue detenido este lunes en el marco de la operación que están realizando los Mossos d’Esquadra que comenzó con el registro de las oficinas del club azulgrana, que finalizó a las 16.00 horas. Bartomeu, detenido por la policía catalana, se acogió a su derecho a no declarar.

Los otros tres arrestados son el director general del club, Óscar Grau; el responsable de los servicios jurídicos, Román Gómez Pontí; y el exasesor del expresidente Jaume Masferrer. Todos fueron trasladados a la Comisaría de Les Corts, en Barcelona, y todos evitaron declarar.

Según ha podido saber LA RAZÓN, Bartomeu pasó la noche en el calabozo y hoy será puesto a disposición judicial. Los Mossos irrumpieron este lunes a las oficinas de Camp Nou para efectuar los registros. La intervención policial se produce a menos de una semana de la celebración de las elecciones fijada para el domingo, 7 de marzo. Los candidatos a los comicios son Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. A primera hora de la mañana efectivos de la Policía catalana accedieron a las oficinas del club azulgrana para efectuar unos registros.

Desde hace meses el Barça está siendo investigado por el denominado “Barçagate” que incluye la investigación de delitos como administración desleal y corrupción entre particulares.

La investigación externa llevada a cabo por PriceWaterHouseCoopers (PwC), a raíz del “Barçagate”, señala que una empresa contratada por el club habría llevado a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de Bartomeu. Sin embargo, la consultora no culpa al club de estos hechos, aunque cuestiona sus controles internos.

El caso se destapó el 17 de febrero de 2020 por el programa ‘Què T’hi Jugues’, de SER Catalunya, en el que se explicó que desde finales de 2017 el Barça tenía contratada a la firma I3 Ventures, una sociedad del empresario argentino Carlos Ibáñez, que se dedicaba a desprestigiar, difamar y poner en duda desde por lo menos seis cuentas de Facebook a individuos y entidades del entorno azulgrana no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, e incluso a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué.

Según la información, el Barça habría pagado un millón de euros anual a I3 Ventures por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente, la junta directiva y la marca, y las facturas se habrían troceado entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros, lo que evitó que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva.

Horas después el Barça emitió un comunicado negando su relación con los hechos, aunque admitió que la empresa I3 Ventures era proveedora del club y anunció que si se demostraba que esta tenía alguna vinculación con las cuentas de Facebook anteriormente mencionadas rescindiría el contrato con la misma. A causa de ello, al día siguiente el Barça anunció la rescisión del acuerdo con la firma de Carlos Ibáñez.

La información causó un terremoto dentro de la junta directiva de Bartomeu, quien el miércoles 19 se reunió con la Comisión Delegada para debatir el asunto. Pero fue dos días después cuando la tensión se hizo latente en la reunión extraordinaria de la junta directiva de carácter no oficial. Un grupo de directivos pidió explicaciones por lo ocurrido al presidente y reclamaron el adelanto de los comicios, previstos para 2021, y responsabilidades a Jaume Masferrer, el director del área de presidencia.

Bartomeu no accedió a la primera de las reclamaciones pero sí a la segunda, suspendiendo de empleo y sueldo a Masferrer hasta la conclusión de la auditoría externa para investigar el caso, otra de las demandas del grupo de directivos molestos que fue aceptada, la cual se encargó a PwC.

Un día después de esta reunión, el sábado 22, el Barça recibió al Éibar en el Camp Nou y antes del comienzo del partido tuvieron lugar una pañolada y gritos de “Bartomeu dimisión” por parte de un significativo sector de la grada.

El 8 de abril Bartomeu pidió la dimisión de cuatro directivos que habían sido críticos con él durante las semanas anteriores: Emili Rousaud, vicepresidente institucional, presidente del Comité de Adjudicaciones y quien hasta el estallido del caso se daba por hecho que sería el candidato continuista en las próximas elecciones; Enrique Tombas, vicepresidente, tesorero e integrante del Comité de Compliance y de la Comisión Económica; Josep Pont, responsable del área comercial y miembro de la Comisión Económica, y Silvio Elías, directivo encargado del Barça B y otro integrante de la Comisión Económica.

Un día después, los cuatro presentaron su dimisión y a ellos se añadieron Maria Teixidor, secretaria y presidenta de la Comisión de Control y Transparencia, y Jordi Calsamiglia, responsable del área disciplinaria e integrante del Comité de Compliance. Los seis entregaron a un notario documentación.

El 9 de junio, el Barça suspendió de empleo y sueldo durante 23 días a Noelia Romero, la ‘compliance officer’ del club. Romero, quien lideró una auditoría interna paralela (la cual finalizó a principios de abril, antes de la dimisión de los directivos) y complementaria a la de PwC, explicó en un comunicado dirigido a EFE que no “comprendía” ni “compartía” una decisión que le sorprendió “por el momento y la forma” en que se produjo y, conjuntamente con el comité de empresa del club, impugnó la sanción.

Por último, el 17 de junio la juez del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Adriana Gil, admitió a trámite la denuncia de la plataforma ‘Dignitat Blaugrana’ por presunta administración desleal y/o corrupción entre particulares por parte de algunos directivos de la junta de Bartomeu en el ‘Barçagate’. Esto provocó que durante la semana del 29 de junio los Mossos d’Esquadra, a requerimiento de la jueza, se personaran en el Camp Nou para recabar información sobre el caso.

El Futbol Club Barcelona ha emitido un comunicado vía Twitter en el que expresa su “máximo respeto por el procedimiento judicial en curso y la presunción de inocencia de las personas afectadas”.