La Policía desmantela la aplicación “Mobdro” que emitía ilegalmente contenidos deportivos

Agentes de la Policía Nacional -en colaboración con la Policía de Andorra, la policía portuguesa, EUROPOL, INTERPOL y EUROJUST-, han desmantelado una infraestructura de emisión ilegal de contenidos audiovisuales que contaba con más de 100.000.000 descargas.

La emisión de contenidos se realizaba a través de una aplicación denominada “Mobdro” y sus titulares se lucraban de los ingresos que generaba la publicidad insertada -tanto en la aplicación como en la página de descarga-, así como del cobro de una suscripción en la versión Premium.

Los agentes observaron otra fuente de obtención de beneficios, consistente en la cesión de los recursos de conexión de sus millones de usuarios a una empresa a cambio de un acceso libre de publicidad a los contenidos de la plataforma; además, estiman que el lucro ilícito supera los 5.000.0000 de euros. La operación ha finalizado con la detención de una persona y la realización de tres registros simultáneos, dos de ellos en Murcia y un tercero en el Principado de Andorra.

La investigación se inició en octubre de 2018 a raíz de las denuncias presentadas ante la Policía Nacional por la ACE –Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento-, la Liga de Fútbol Profesional y la Premier League por emisión no autorizada de contenidos audiovisuales, sujetos a derechos de autor, a través de una aplicación denominada “Mobdro”.

Tras varias gestiones policiales, los agentes comprobaron los hechos denunciados y constataron que la emisión de contenidos se realizaba a través de una aplicación disponible para Android y accesible en diversos dominios. Asimismo, determinaron que sus titulares se estaban lucrando, por un parte, de los ingresos obtenidos de la publicidad insertada tanto en la aplicación como en la página de descarga de la misma y, por otra, del cobro de una suscripción en la versión Premium.

En un primer momento, los investigadores identificaron a un ciudadano español como creador de la aplicación y único receptor de los beneficios económicos, generados a través de una sociedad de la que solo él era administrador. Además, durante el transcurso de la investigación, este individuo trasladó su lugar de residencia, así como la gestión de la aplicación, al Principado de Andorra. Sin embargo, posteriormente detectaron que había otras tres personas implicadas que, presuntamente, estarían manteniendo la actividad delictiva de la aplicación en España mediante la promoción de la misma en distintos dominios web.

Por estos motivos -y a fin de evitar la continuidad delictiva- el pasado mes de febrero se realizaron tres registros simultáneos, dos en Murcia y un tercero en Andorra, bajo la coordinación de EUROPOL Y EUROJUST. Gracias a los registros practicados en Murcia, los agentes determinaron que no existía una verdadera conexión entre las páginas gestionadas desde España y Andorra, concluyendo que en realidad la variante española aprovechaba sus contenidos mediante la creación de una página con el mismo nombre (Mobdro) y diferente extensión.

Hecho esto, posicionaban su página mejor que la original en los distintos buscadores de Internet y, de esta forma, el usuario que quería utilizar la aplicación tenía que pasar necesariamente por esta página antes de ser redirigido a la original. En este sentido, los creadores de la página “copiada” cobraban por el tráfico y la publicidad, al tiempo que el titular de la página original continuaba lucrándose gracias a las descargas de la aplicación y a la cesión de recursos a la empresa anonimizadora (eliminando la referencia a la entidad emisora).

La investigación ha permitido bloquear el acceso desde España a más de 20 dominios relacionados con la aplicación, así como el bloqueo de los servidores que alojaban el contenido ilícito. Por otra parte, los agentes también han retirado la aplicación de las plataformas donde se encontraba en España y en Portugal.

El registro realizado en Andorra permitió obtener abundante documentación sobre el modo de monetizar la página para obtener el lucro ilícito, en concreto sobre la relación financiera con la compañía anonimizadora. Asimismo, se solicitó el bloqueo judicial de nueve cuentas bancarias y se intervinieron numerosos dispositivos informáticos, móviles y sistemas de almacenamiento, además de dos vehículos y una finca en el Principado de Andorra (valorados en 450.000 euros).