La escritora Lucía Etxebarria explica la pena que le puede caer a Irene Montero por intentar parar la Vuelta

La penúltima etapa de la Vuelta a España 2025 tuvo gran repercusión mediática como las anteriores, más por las protestas que por el deporte. A 19 kilómetros de la meta, un grupo de manifestantes interrumpió el recorrido con una protesta propalestina, situándose en primera línea Ione Belarra e Irene Montero, exministras y referentes de Podemos. La acción obligó a la organización a desviar la etapa, alterando así el normal desarrollo de la 80ª edición de la carrera.

La Guardia Civil, Montero y Belarra

La intervención de la Guardia Civil fue inmediata. Los agentes se encontraron con que Belarra y Montero, acompañadas de otras personas y de un fotógrafo de Podemos que documentaba la acción, se resistían a abandonar el lugar. Según fuentes policiales, la actitud más airada fue la de Belarra, que discutió con los agentes cuando estos les advirtieron, en varias ocasiones, que podían ser denunciadas por desobediencia a la autoridad. Montero, por su parte, optó por un tono más argumentativo: pidió directamente a la Guardia Civil que paralizara la competición alegando motivos de seguridad, pues la protesta, en su opinión, justificaba detener el paso de los ciclistas.

La acción formaba parte de una serie de protestas organizadas contra la presencia del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta. No era la primera vez que colectivos propalestinos mostraban su rechazo a la participación de esta formación ciclista, pero sí fue uno de los episodios más visibles, ya que forzó a modificar el trazado de la etapa. Este hecho reavivó la polémica sobre los límites de la protesta política en espacios deportivos, así como el papel de figuras públicas en acciones de confrontación directa.

La Audiencia Nacional decidió abrir diligencias por un posible delito de odio hacia el equipo Israel Premier Tech. La cuestión no es menor, porque sitúa el debate no solo en la dimensión del derecho a manifestarse, sino en las consecuencias jurídicas de dirigirse contra un equipo concreto por su nacionalidad. En este marco, las declaraciones de las implicadas se volvieron parte de la polémica. Irene Montero, lejos de replegarse, presumió públicamente de lo sucedido: “Hoy la solidaridad con Palestina ha parado la vuelta a su paso por Cercedilla. No hay represión que pare la solidaridad. Pedimos al Gobierno que deje de reprimir la lucha contra el genocidio de la mano de Ayuso y Almeida. ¡Viva Palestina libre!”

La opinión de Lucía Etxebarria

En medio de este debate, la escritora Lucía Etxebarria introdujo un matiz crucial: las posibles consecuencias legales de la actuación de Belarra y Montero. Etxeberria recordó lo que establece el Código Penal en su artículo 558: “Serán castigados con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses los que perturben gravemente el orden con motivo de la celebración de espectáculos deportivos”.

Desde hace meses, distintos colectivos en Europa han llevado a cabo protestas contra la presencia de equipos o instituciones deportivas vinculadas a Israel, en el marco del conflicto en Gaza. Sin embargo, la singularidad de este caso radica en la participación directa de dos figuras públicas de alto perfil, lo que incrementa la visibilidad del acto y multiplica su resonancia política.