Josep Pedrerol, contra Pedro Sánchez por la Vuelta: "O manifestantes o ciclistas"

La última edición de la Vuelta a España terminó de una manera tan insólita como polémica: la etapa final no llegó a celebrarse debido a las protestas contra Israel que bloquearon el recorrido. Lo que debía ser un cierre festivo en el corazón de Madrid, con los ciclistas disputándose el prestigioso triunfo de la última jornada y el público disfrutando del espectáculo deportivo, acabó transformándose en un campo de batalla político y mediático. La suspensión de la carrera no solo truncó la fiesta del ciclismo, también desencadenó una tormenta política que amenaza con prolongarse en el tiempo.

El trasfondo es complejo. Desde semanas atrás, distintos colectivos habían anunciado movilizaciones para denunciar la ofensiva israelí en Gaza y mostrar apoyo al pueblo palestino. El Gobierno, formado por la coalición del PSOE y Sumar, adoptó un discurso ambiguo que terminó siendo interpretado en direcciones opuestas. Por un lado, Pedro Sánchez y sus ministros habían dado legitimidad a la protesta, defendiendo el derecho de los ciudadanos a manifestarse contra lo que calificaron como “causas justas”. Por otro, también se instaba a respetar el desarrollo normal de la Vuelta, subrayando que el deporte debía mantenerse al margen de los conflictos políticos. Esa doble línea acabó chocando de frente cuando la manifestación derivó en la cancelación de la etapa.

La ambigüedad de Pedro Sánchez

El propio presidente del Gobierno, antes de la jornada decisiva, dejó clara su posición en unas declaraciones que hoy resuenan con más fuerza: “Hoy termina la Vuelta. Respeto y reconocimiento a los deportistas. Y nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina”. Y añadió, en tono de reproche a la oposición: “¿Qué dice la oposición de la barbarie en Gaza? No dice nada”. Con esas palabras, Sánchez trataba de combinar un mensaje de respeto hacia el evento deportivo con una validación de las protestas ciudadanas. Sin embargo, el desenlace mostró que ese equilibrio era más frágil de lo que parecía.

Muchas críticas al Gobierno

La cancelación de la etapa en Madrid fue el detonante de las reacciones en cadena. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizó directamente a Sánchez de lo ocurrido. Según sus declaraciones, el presidente había “inducido y permitido” los incidentes, al alentar con sus palabras un clima que desembocó en el boicot de la Vuelta. Para el PP, lo sucedido no es un episodio aislado, sino la consecuencia de un estilo de gobierno que, en su opinión, juega con fuego al utilizar las causas internacionales como bandera política en lugar de garantizar el orden en eventos de interés nacional.

Los sindicatos policiales tampoco tardaron en sumarse al coro de críticas. Desde sus portavoces se acusó al Ejecutivo de haber limitado de forma deliberada la actuación policial, lo que, a su juicio, dejó a los agentes con las manos atadas para frenar la protesta. El argumento que sostienen es que, con un margen mayor de actuación, la seguridad podría haber despejado el recorrido y permitido el desarrollo normal de la etapa. En su lectura, la inacción fue más una decisión política que un error operativo.

En paralelo, el mundo del deporte también reaccionó. Uno de los comentarios más duros vino de Josep Pedrerol, conocido presentador deportivo, que arremetió contra Sánchez con contundencia. En su análisis, resulta incompatible alentar las manifestaciones y al mismo tiempo defender a los ciclistas y al espectáculo de la Vuelta. Para Pedrerol, el Gobierno lanzó un mensaje contradictorio que acabó volviéndose en contra del propio país, privando a España de un escaparate internacional y dañando la imagen del deporte nacional.

La oposición ha encontrado en este episodio un nuevo flanco para desgastar al Ejecutivo. Feijóo insiste en que lo ocurrido muestra la incapacidad del Gobierno para mantener el orden y salvaguardar la imagen de España en el exterior. Su discurso subraya que, más allá de las simpatías o antipatías hacia la causa palestina, el Gobierno falló en su deber de garantizar el normal desarrollo de la Vuelta, un evento que forma parte de la identidad deportiva del país.

Los ciclistas se quedaron sin disputar la etapa final, los aficionados sin la tradicional fiesta madrileña y el país entero vio cómo un acontecimiento deportivo internacional se convertía en un episodio político de alto voltaje.