El despilfarro, la primera medalla del Zar

Los Juegos de invierno que arrancaron ayer despiertan entre buena parte de la propia ciudadanía rusa una mezcla de desinterés, desapego e indignación. «No son nuestros Juegos, es un negocio de políticos y empresarios», comenta a este periodista una moscovita de clase media. Sochi le ha arrebatado a Pekín el dudoso honor de los JJ OO más caros de la historia. No sólo en el coste total, que también (38.000 a 29.000 millones de euros), sino en la todavía más representativa cifra de coste por competición, pues cabe recordar que las citas de verano incluyen muchas más modalidades deportivas (302 por 98). Así, el coste por evento en Pekín fue de 96 millones de euros, mientras en Sochi asciende a 387.

Pero la pregunta es, ¿cómo han llegado los JJ OO de Sochi a convertirse en los más caros de la historia con diferencia? Ya de entrada resultaba ambicioso y algo artificial el proyecto de acoger un evento de esta magnitud en una ciudad de ese clima, tamaño e infraestructuras. Basta decir que la organización estuvo meses produciendo artificialmente y almacenando toneladas de nieve por miedo a que fallase la climatología, nada descartable en esa latitud. Finalmente, no ha sido el caso. El proyecto de Sochi ganó la elección con una maqueta por ordenador, porque en realidad no había nada construido. Una paradoja, por cierto, cuando el grado de infraestructuras ya construidas es en teoría uno de los principales baremos del COI para puntuar las candidaturas. De todas formas, esa dificultad de partir casi de cero estaba ya contemplada en un nada modesto presupuesto inicial de 9.000 millones, que igualaba con Pekín como el más caro de la historia en coste por evento.

El verdadero problema, el que multiplicó por cuatro la cifra de partida, son unos indecentes sobrecostes de ejecución de las obras, millones y millones perdidos por un desagüe de subcontratas e intermediarios innecesarios, presupuestos de obra infladísimos de constructoras afines aprobados desde la administración. Un informe de la revista Verbatim estima el saqueo en 12.000 millones de euros. Veamos algunos ejemplos concretos: la empresa de los hermanos Rotenberg, Arkardi y Boris (el primero de ellos, compañero de judo y amigo íntimo de Putin desde la infancia), recibió 21 concesiones para la construcción de infraestructuras en Sochi por valor de 5.400 millones de euros, más que todo el presupuesto de los JJ OO de invierno de Vancouver. Esos contratos incluyen una participación en la construcción de la joya de la corona de esta cita, el trayecto de tren de 48 kilómetros que une el aeropuerto de Alder (villa olímpica) y la estación de esquí de Krasnaya Polyana. Por el coste de la obra (unos 6.000 millones) se podría haber cubierto la misma distancia y anchura con una capa de un centímetro de grosor de caviar beluga. La empresa de los hermanos Rotenberg lideró también la construcción de un gaseoducto, cuyo presupuesto se firmó a 3,7 millones de euros el kilómetro, un precio cinco veces superior a la media de lo que cuesta en Europa. Cuando algunos de estos casos salieron a la luz, en 2012, el Kremlin eligió un chivo expiatorio. Fue la empresa concesionaria de la construcción de la pista de bobsleigh, que de los 30 millones presupuestados ya iba por 195. Pero sólo era la punta del iceberg, ya que muchos sobreprecios no terminaban en las constructoras sino en el bolsillo de los funcionarios que las elegían y exigían una comisión de alrededor del 20 por ciento del montante.

Pese al tamaño de la economía rusa, los Juegos han creado un agujero en las finanzas nacionales que ha obligado a desviar fondos de otras partidas presupuestarias. No importa, todo es poco para Sochi, el capricho de Putin, su niño bonito. Del bolsillo de los contribuyentes sale el 96 por ciento de los 38.000 millones que cuestan los JJ OO, cifra que supone más de un 2,5 por ciento del PIB anual del país, similar al rescate de Europa a la banca española. Dividido el coste por el número de habitantes sale a 265 euros por persona, equivalente a tres meses de pensión no contributiva, que en Rusia cobran 17 millones de jubilados. Putin se justifica explicando que más del 50 por ciento del desembolso es privado, una respuesta con trampa, pues la mayoría de esos patrocinadores «privados» son compañías cuya propiedad es de mayoría estatal, como el banco Sberbank, la ferroviaria RZHD, la petrolera Rosneft o la operadora Rostelekom.