Así fue el registro de la RFEF: Más de 11 horas, empleados fuera y "permiso para usar la fuerza"

A primera hora de ayer jueves, varios agentes de la Guardia Civil, vestidos de paisano, entraron la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y han acordonado las instalaciones del Comité Técnico de Árbitros (CTA). La Guardia Civil llevó a cabo un volcado de los datos de uno de los servidores de la RFEF para incautar información relacionada con el CTA y, además requirió las actas en las que cada año se calificaba a los colegiados para fijar su categoría para la temporada próxima. Así lo decretó el juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. La entrada de los investigadores pilló por sorpresa a los trabajadores de la RFEF, que acababan de comenzar su jornada laboral y que tuvieron que abandonar sus puestos para evitar que entrasen en sus dispositivos y pudieran alterar alguna documentación.

Más de 11 horas

El registro en el interior de las dependencias federativas se alargó durante 11 horas y desde la RFEF mostraron su total colaboración con los agentes y subrayaron que nada tiene que ver con la actual gestión del organismo federativo. "Durante el día de hoy, la Guardia Civil ha llevado a cabo un registro documental en la sede del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF en el marco de la investigación del ‘caso Negreira’, unos hechos que tienen que ver con la administración federativa de dos etapas anteriores a la actual gestión. Todo el personal de la RFEF ha colaborado en todo momento con el requerimiento de información por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La RFEF continúa a disposición de la Justicia con el único fin de que se puedan esclarecer cuanto antes los hechos investigados", afirman a través de un comunicado.

El auto del juez Joaquín Aguirre, al que ha tenido acceso la cadena ser, autorizaba la entrada y registro en las dependencias que el Comité Técnico de Árbitros tiene en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, "así como al resto de dependencias que guarden algún tipo de relación laboral con el citado comité". La medida incluye "cualquier caja fuerte, cuarto blindado o similar".

Uso de la fuerza necesaria

Asimismo, autorizaba "expresamente" a los agentes de la Guardia Civil al "uso de la fuerza proporcionalmente necesaria" para el registro en el caso de que sea necesaria y a paralizar la actividad laboral en el caso de que haya riesgo de ocultación y destrucción de pruebas.

El instructor del caso Negreira autorizó asimismo el precinto, el volcado o la incautación de aparatos informáticos cuya información no se pueda extraer in situ. Esta orden vale tanto para los ordenadores y equipos que se encuentren en la Real Federación Española de Fútbol como para aquellos que trabajen en remoto. El auto pide a los agentes especial atención respecto de los documentos que pueda haber relacionados con cinco personas que han estado vinculadas a este comité: Victoriano Sánchez Arminio, expresidente ya fallecido; los exvicepresidentes Enríquez Negreira, principal investigado, Ángel Franco y José Óscar Medín y por último el hijo de Negreira que contrató con el CTA.

El juez Aguirre acordó expulsar a la Federación del caso Negreira "por sus vínculos con los árbitros". Pero la figura de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que llamó "traidor" y "rata" a Estrada Fernández, hizo que este cajón se volviese a abrir. La Guardia Civil también investiga el patrimonio inmobiliario de los árbitros Carlos Clos Gómez, Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez, todos ellos cercanos a Negreira.

Los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex árbitro, cuando número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018 son difícilmente justificables. La empresa de Enríquez Negreira cobraba por una labor de asesoramiento. Fueron cerca de siete millones en total. En 2016 su empresa percibió 532.728,02 euros. En 2117 fueron 541.752 euros y 318.200 euros en el año 2018. El último pago lo recibió en junio de 2018, curiosamente coincidiendo con un cambio en la dirección del Comité Técnico de Árbitros y su salida del organismo.

Ayer, el juez instructor acusaba al Barça de cohecho en un auto demoledor. El instructor considera que los pagos "produjeron los efectos arbitrales deseados" por el FC Barcelona, por lo que "debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español".