El juez sí ve indicios contra Bartomeu

De la Mata propone sentar en el banquillo a Neymar y a su padre, al presidente blaugrana y a Rosell por el fichaje del brasileño

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sí ve indicios de delito suficientes para juzgar por un delito de corrupción entre particulares y otro de estafa impropia al presidente del Barcelona por el fichaje de Neymar. El magistrado discrepa así de la opinión de la Fiscalía, que considera que Josep Maria Bartomeu «ni lideró ni fue parte activa» en la contratación del jugador, pese a que firmó la mayoría de los contratos que consiguieron vestir de azulgrana a la estrella del Santos.

De la Mata ha dado finalmente vía libre para que Neymar y sus padres, Bartomeu y su antecesor Sandro Rosell, el Fútbol Club Barcelona y el Santos (club de procedencia del jugador), el ex presidente de la entidad brasileña Odilio Rodrigues y la empresa familiar de los Neymar, N&N, sean juzgados por el fichaje del delantero. El instructor cumple así el mandato de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano superior jerárquico, que en el pasado mes de septiembre le obligó, a instancias de la Fiscalía, a reabrir la investigación y a procesar a los encausados, después de que el magistrado archivara el procedimiento al no apreciar indicios de delito.

De la Mata lo hizo, pero de forma tan sucinta que el fiscal José Perals recurrió de nuevo a la instancia superior reclamando la nulidad de un auto que obviaba los hechos punibles (la sucesión de contratos que enmascararon el coste real del fichaje con el objetivo de no pagar su parte al fondo brasileño DIS, propietario del 40 por ciento de los derechos federativos de Neymar) y la identificación de sus responsables.

Tras el galimatías procesal, De la Mata no ha tenido más remedio que acatar la orden de la Sección Cuarta de lo Penal, pero ha aprovechado su resolución para afear al fiscal Perals su anunciada decisión de no acusar a Bartomeu. El magistrado cree que el entonces vicepresidente primero culé no fue un mero figurante, pues estampó su firma en el contrato rubricado en noviembre de 2011 con la familia Neymar, que cerraba el pase del jugador al Barcelona en 2014 bajo penalización de 40 millones de euros en caso de incumplimiento. Un contrato que según la Sala alteró el libre mercado de fichajes e impidió que Neymar quedase sujeto a las reglas de la libre competencia, lo que hubiera redundado en un mayor beneficio para DIS, la empresa querellante (incurriendo así en una supuesta corrupción entre particulares).

Aunque fue Rosell quien llevó a cabo directamente las negociaciones, recalca el juez, «ambos tomaron la decisión de firmar este contrato», por lo que Bartomeu «no puede quedar ajeno». Asumió así, continúa, que ni el Santos ni DIS estaban al tanto de la negociación y que se vulneraba el reglamento FIFA. «No es posible, como pretende el fiscal, acordar el sobreseimiento provisional de la causa en relación a esta persona investigada», concluye.

En cuanto a la imputación del delito de estafa impropia (que la Fiscalía sólo atribuye al Barça, al Santos y a sus ex presidentes, pero no a Neymar), De la Mata hace hincapié en que, asumiendo los argumentos de la Sala de lo Penal, tanto Rosell como Bartomeu «firmaron en representación del Barcelona los tres contratos supuestamente simulados» (que habrían engordado el coste del fichaje eludiendo abonar el 40 por ciento a DIS) que fueron «urdidos para la comisión de la estafa».

En ese caso, para el magistrado resulta «claro» que los directivos que tomaron esas decisiones y que ocultaron el importe real del contrato a la Junta Directiva, «comprometiendo a la entidad barcelonista a realizar todos esos pagos», pueden ser responsables penalmente y el procedimiento debe dirigirse contra todos ellos.

Diez días para presentar las acusaciones

Como es preceptivo, el juez De la Mata concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación que ejerce el fondo brasileño DIS para presentar sus escritos de acusaciones, en los que incluirán las penas que solicitan para los procesados. El delito de corrupción entre particulares está castigado con penas de seis meses a cuatro años de prisión y la estafa impropia, con penas de uno a cuatro años de cárcel. Pese a que De la Mata advierte indicios suficientes para sentar en el banquillo a Bartomeu, la Fiscalía no lo acusará, aunque sí lo hará, previsiblemente, DIS, lo que sería suficiente para sentarlo en el banquillo.