El juez ve "irregular" imputar a Sánchez Arminio

El juez del «caso Soule» –la supuesta trama corrupta que llevó a prisión al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)Ángel María Villar en 2017– considera que imputar al expresidente del Comité Técnico de Árbitros Victoriano Sánchez Arminio sería «irregular».

Así lo asegura en el auto en el que se opone a la pretensión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de que se cite como investigado al que fuera máximo responsable de los árbitros durante 25 años (de 1993 a 2018) en relación al presunto desvío de ocho millones de euros de las aportaciones de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) a la Federación para gastos del colectivo arbitral en sus desplazamientos entre 2009 y 2016.

El organismo que dirige Javier Tebas lleva desde abril del pasado año reclamando al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que impute a Sánchez Arminio, que tuvo como vicepresidente al colegiado José María Enríquez Negreira, ahora en el ojo del huracán por los pagos que recibió del Fútbol Club Barcelona de 2001 a 2018, que investiga la Fiscalía de Barcelona. En octubre de 2022, Anticorrupción ya reclamó la imputación de Sánchez Arminio y del que fuera secretario del comité arbitral Raúl Massó, así como una nueva citación de Villar. Pero Abascal ya ha rechazado esa pretensión, una decisión que han recurrido ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional tanto la LFP como la Fiscalía, como ha adelantado Vozpópuli.

La investigación está "casi finalizada"

En la resolución en la que descarta las imputaciones de Sánchez Arminio y Massó –a la que ha tenido acceso este periódico–, el instructor asegura que si bien no pueden calificarse como «sorpresivas», «sí pueden considerarse irregulares». En primer lugar, por solicitarse con la investigación (que se prorrogó el pasado enero hasta el 29 de abril) «casi finalizada», lo que supondría un «posible menoscabo» del derecho de defensa de ambos, quienes además –recuerda– «ya han comparecido como testigos» (lo hicieron el pasado día 8).

Aunque la última palabra le corresponde a la Sala Penal, Abascal sostiene que Anticorrupción y la LFP no aportan «ningún indicio nuevo» a los que ya se tuvieron en cuenta para citarlos como testigos, y no como imputados. Además, añade, de sus comparecencias no se ha derivado «indicio alguno de criminalidad». Y por si fuera poco, siembra dudas sobre si los hechos pueden perseguirse penalmente ante una «posible prescripción».

El juez también se opone a que Villar declare de nuevo por un supuesto fraude de subvenciones, que considera «improcedente» teniendo en cuenta que esas nuevas imputaciones se han descartado ya. Del mismo modo, descarta imputar a la LFP, como pedía la RFEF, y a la propia Federación, como solicitó el organismo que preside Tebas.

Abascal sí cita como testigos el próximo lunes a Carlos del Campo, secretario general de la LFP, y Fernando Martín Briega, directivo del Consejo Superior de Deportes (CSD). Martín Briega es el responsable de Inspección de Auditorías y Sociedades Anónimas Deportivas del CSD y secretario de la comisión de seguimiento de la participación en las quinielas. Al día siguiente, el juez ha citado a otros seis testigos.

Documentación sobre la designación de los miembros del comité de árbitros

El magistrado también reclamó a la RFEF que, "a la mayor brevedad posible", le remitiese diversa documentación. Entre ella, en relación con el porcentaje recibido de la LFP para "honorarios arbitrales y demás gastos arbitrales de competiciones oficiales" (cuyo desvío para otros fines denuncia la Liga), un informe "de manera detallada del importe total de los gastos que se derivaron de los honorarios de árbitros y demás gastos arbitrales de dichas competiciones oficiales", los importes recibidos de la Liga para estos fines y el "exceso de aportaciones de la Liga sobre gastos de la RFEF" correspondiente a los ejercicios 2009 a 2017.

Además, Abascal pidió la documentación acreditativa de las cantidades que la LFP entregó al comité arbitral en esos años por este concepto, detallando la "identificación del departamento, responsable, acuerdos adoptados y justificantes de entrega al citado órgano de la RFEF".

Por último, quiere analizar los documentos relativos a la "designación del presidente y miembros del Comité Técnico de Árbitros en el mismo periodo.

El instructor -que se niega a archivar la investigación respecto a nueve imputados que así lo solicitaron- también está a la espera de que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) precisen, como reclama Anticorrupción, su informe de junio del pasado año respecto a "la aportación de dinero público para sufragar gastos para honorarios arbitrales y demás gastos arbitrales de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter profesional" (en 1ª y 2ª división), así como el importe aportado en el proceso de justificación ante el CSD, para que determinen "si se detecta desviación de fondos públicos a fines ajenos a la subvención".