La Audiencia cerca a Rosell

La Audiencia Nacional seguirá adelante con la investigación del fichaje de Neymar por el Barcelona para dilucidar si el presidente del club, Sandro Rosell, pudo cometer un delito de apropiación indebida.

La Audiencia Nacional seguirá adelante con la investigación del fichaje de Neymar por el Barcelona para dilucidar si el presidente del club, Sandro Rosell, pudo cometer un delito de apropiación indebida. El juez Pablo Ruz acordó ayer, a instancias de la Fiscalía, admitir a trámite la querella presentada por un socio del club azulgrana, ante la existencia de indicios de que pudo producirse una «simulación contractual» aunque, en este momento, Ruz no cree que sea urgente citar ahora a declarar a Rosell. Una decisión que aplaza hasta que haya examinado la abundante documentación sobre el traspaso que ha solicitado al club azulgrana, al Santos brasileño, a la FIFA y a Neymar. Al jugador barcelonista le reclama el contrato que firmó con la sociedad N&N (Neymar&Neymar), «al parecer propiedad de su padre», a la que cedió sus «derechos económicos» una vez se convirtiese en agente libre en el año 2014.

Y es que la participación de esta sociedad en el fichaje se antoja clave para el magistrado. Ruz recuerda que el 15 de noviembre de 2011 se produjo en Sao Paulo (Brasil) una reunión entre el Barcelona, Neymar y N&N en la que el club catalán acordó el fichaje del jugador en 2014, a cambio del cual la sociedad N&N recibiría 40 millones de euros por los derechos federativos del delantero, de los que se adelantaron diez en concepto de «contrato de préstamo».

Pero, finalmente, el Barcelona cerró el fichaje de Neymar antes de lo acordado, el 3 de junio de 2013, y el club azulgrana «reconoce que ha incumplido el contrato de 2011 y que tiene que abonar la penalización» de 40 millones.

Para Ruz se produce una «mutación» del contrato por el que se transferían los derechos federativos de Neymar en «una cláusula de penalización del mismo», por lo que la cantidad abonada como «préstamo» (diez millones) «constituía más bien una garantía del futuro contrato». Es ahí, precisamente, donde Ruz atisba una posible «simulación contractual».

En las cuentas anuales del Barcelona, cerradas en junio de 2012 (facilitadas al juez por el club), sí figuran los diez millones de ese supuesto préstamo como «inmovilizado intangible deportivo». Pero en las del año siguiente no se recoge el pago de esos 40 millones de penalización, aunque sí aparecen los gastos derivados del fichaje, «pero sin cuantificar el mismo». «Tampoco consta –se queja– la cantidad concreta que efectivamente se ha abonado al Santos CF por la adquisición de los derechos federativos del jugador», al que le quedaba un año de contrato con el club brasileño, «ignorándose los conceptos que en realidad integrarían el importe total de dicha transacción».

Por último, Ruz rechaza que el Barcelona, como había solicitado, se persone en el procedimiento en calidad de «perjudicado».