La víctima denunciará a la madre de Dani Alves por difundir su imagen: esta es la pena a la que podría enfrentarse

El pasado 30 de diciembre se cumplió un año de la presunta violación de Dani Alves a una mujer en los lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona. Ese mismo día, la madre del jugador, Lucía Alves, daba un paso que traspasaba todas las líneas rojas: publicaba un vídeo en su perfil de Instagram con imágenes de la presunta víctima y de su prima, testigo clave en el caso.

En el vídeo se pueden ver fotografías y videos de una joven rubia que se presume es la demandante, quien recientemente cumplió 24 años. En una parte del material está un diálogo entre la implicada y la que parece ser su prima, discutiendo estrategias para obtener fama y dinero.

Dudas sobre su estado psicológico

Lucía Alves ha utilizado estas imágenes para cuestionar abiertamente la petición de la abogada de la víctima, Ester García, quien ha solicitado una posible indemnización por daño psicológico. La madre de la leyenda del Barcelona ha retomado notas periodísticas para cuestionar la validez de las demandas presentadas y cuestiona el estado y la credibilidad de la joven. En este sentido, subraya que la joven está de celebración cuando “alega la imposibilidad de trabajar y un deterioro en sus actividades diarias post ‘trauma’”.

La madre del futbolista sugiere que la situación es más compleja de lo que se presenta públicamente y plantea dudas sobre las exigencias económicas que pide la joven afectada. Cabe recordar que, tras dejar claro en su primera declaración que renunciaba a cualquier tipo de indemnización económica, ahora está dispuesta a recibir la cantidad exigida por la Fiscalía de 150.000 euros y así lo ha solicitado su abogada en un escrito a la jueza.

Ante esta publicación y difusión la víctima ha decidido presentar una denuncia por la publicación y la difusión de esas imágenes, ya que considera que se han desvelado datos de su intimidad cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona había prohibido expresamente hacerlo. De esta forma, la madre de Alves y los medios que han reproducido el vídeo se exponen a un procedimiento penal por un delito de revelación de secretos.

A pesar de ello y de las graves consecuencias a las que podría enfrentarse, se espera que - en un intento desesperado por ayudar a Alves- nuevos elementos salgan a la luz saltándose las medidas de protección solicitadas por la abogada de la víctima.

El antecedente de la manada

Y es que ayer se cumplió uno de los grandes temores manifestados por la víctima desde el comienzo del proceso. La joven ya mostró su preocupación a que que pudiera producirse algo similar a lo que ocurrió con la víctima de “La Manada” cuando se publicó su imagen y sus datos en redes sociales. El 6 de diciembre de 2017 se publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía el rostro de una mujer manteniendo relaciones sexuales con un hombre acompañada de un texto en el que indicaba: «La chica supuestamente violada por la Manada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha». El autor de este “tuit” fue condenado a dos años de cárcel y a una indemnización de 20.000 euros pero las consecuencias para la joven fueron irreparables.

Todo parece confirmar que el equipo legal del brasileño podrí a recurrir los métodos del caso de "La Manada" donde incluso se llegó a admitir un informe de un detective privado que realizó un seguimiento de la víctima para demostrar demostrar que "su día adía y sus actividad en redes sociales no era compatible con una víctima de violación". Esta agresiva estrategia de defensa es bastante habitual en los juicios por violación y ya ocurrió también en el caso de Santi Mina. El equipo legal del futbolista decidió espiar a la víctima. Querían saber qué tipo de vida llevaba y decidieron contratar a detectives privados que la investigaran. Lo hicieron en 2019.

Uno de los detectives declaró que la joven llevaba ropa ajustada y salía de copas y otra detective incluso llegó a hablar con la víctima fingiendo que estaba interesada en alquilar una vivienda en su edificio. Esa conversación se incorporó al informe que hicieron. Asimismo, los psiquiatras contratados por el futbolista cuestionaron el estrés postraumático que sufría la víctima y argumentaron que su modo de vida no era el de una mujer violada. El mismo argumento utilizado ahora por Lucía Alves.

La abogada de la agredida alerta, como ya hizo la defensa de la víctima de "La Manada", que las últimas maniobras de los defensores del futbolista supone una "revictimización" de la joven.

La abogada de la joven ya ha denunciado que su defendida está sufriendo amenazas en redes sociales tras la publicación de sus datos personales.

¿Qué es el delito de revelación de secretos y que penas contempla?

El delito de revelación de secretos consiste en descubrir secretos o vulnerar la intimidad de una persona a través del apoderamiento o interceptación de documentos sin su consentimiento. Está encuadrado dentro de los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

El delito de descubrimiento y revelación de secretos engloba una serie de conductas punibles que tienen en común evitar que cierta información de la vida privada de una persona se dé a conocer sin su consentimiento. Para que se cometa este delito el infractor debe descubrir secretos o vulnerar la intimidad de la víctima, ya sea apoderándose de mensajes en cualquier formato (físico o digital) o a través de dispositivos de grabación de imagen y sonido, entre otros.

Se trata de un delito de actividad, ya que basta con la intención del infractor de descubrir el secreto, pero no es necesario que se llegue a producir la revelación.

Está regulado en los artículos 197 a 201 del Código Penal español: El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.