La UE exige a Almunia que deje de retrasar el expediente al fútbol español

La Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, exigió hoy al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que "deje de retrasar la decisión"de poner en marcha una investigación formal contra España por las supuestas ayudas públicas ilegales a clubes de fútbol profesional.

El caso "puede parecer para el gran público un conflicto de intereses dados los fuertes vínculos del comisario con uno de los clubes de fútbol en cuestión", dijo O'Reilly en un comunicado

La defensora del pueblo europeo se refirió así al caso de las supuestas ventajas fiscales concedidas a Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Osasuna de Pamplona, los cuatro únicos clubes de Primera que no se convirtieron en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La situación de estos clubes fue objeto de una queja enviada a Bruselas por parte de "inversores de otros clubes de fútbol europeos", que consideraban que su estatus fiscal podría concederles ventaja ante sus competidores.

Los denunciantes alegaban que a su juicio la "inacción"de la Comisión Europea en este caso "podría estar ligada"a que el bilbaíno Almunia "apoye a uno de los equipos en cuestión"y a que el titular de Competencia "haya sido ministro en el Gobierno español que concedió las ventajas fiscales en la época", según O'Reilly.

La Comisión Europea discutirá la apertura de una investigación formal sobre el caso en el colegio de comisarios de mañana, según anunció el gabinete de Almunia a la defensora del pueblo europeo.

La defensora del pueblo europeo afirmó que la Comisión "no ha respondido a esta queja durante más de cuatro años", lo que a su juicio "no sólo es un caso de mala administración", sino que también "puede parecer para el gran público un conflicto de intereses, dados los fuertes vínculos del comisario con uno de los clubes en cuestión".

O'Reilly expresó su confianza en que la CE "decida abrir una investigación"mañana, con vistas a aclarar los hechos y a "disipar todas las sospechas".

Las ventajas fiscales concedidas a los cuatro clubes españoles podrían elevarse a "varios miles de millones de euros", según los denunciantes, que también señalaron que España concedió estas ayudas ilegales "al mismo tiempo que reclamaba cientos de miles de millones de euros a los contribuyentes de la zona euro".

Los denunciantes se dirigieron a la oficina del Defensor del Pueblo europeo en diciembre de 2011 para protestar por la lentitud con la que el Ejecutivo comunitario estaba gestionando el caso y por la falta de conclusiones.

Así, el Defensor del Pueblo abrió su propia investigación sobre esos retrasos y este año escribió a la Comisión para proponer una solución amistosa al expediente, propuesta que fue aceptada por el Ejecutivo comunitario.

Bruselas, sin embargo, "no ha actuado en consecuencia ni ha dado razones convincentes para justificar que no se haya tomado ninguna decisión", según O'Reilly.

Con su declaración de hoy, la defensora del pueblo ha confirmado la información avanzada este lunes por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien señaló que la investigación oficial de los clubes españoles se abriría esta semana.

Además de los citados cuatro equipos, la Comisión investigará a Valencia, Hércules y Elche por motivos diferentes, relacionados con las supuestas ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas.

El Real Madrid es también investigado por una permuta de terrenos para la construcción de su ciudad deportiva y el Athletic por el papel de la sociedad pública puesta en marcha para construir el nuevo estadio San Mamés.

El ministro aseguró que para el Gobierno no se ha producido ilegalidad "en ninguno de los casos"y que por ello tiene preparadas alegaciones para todos ellos, en declaraciones a los medios.

Una vez que se abra formalmente la investigación, habrá un plazo de tres meses para que cualquier otra parte presente alegaciones y luego se adoptará una decisión, por la que o bien se declarará que no hay ayudas incompatibles con el mercado interior y se cerrará el caso, o bien se obligará a las partes a una devolución, según el ministro.