10.000 millones de euros menos de gasto...

El déficit público deberá descender desde el 5,1% en 2015 hasta el objetivo fijado en el 2,9% para 2017, lo que supone un ajuste de 2,2 puntos del PIB. Los expertos plantean distintas fórmulas para lograrlo.

El próximo Gobierno se verá obligado a realizar un ajuste presupuestario superior a los 22.000 millones de euros para alejarse del ojo del huracán y contentar a las autoridades comunitarias. Si bien Bruselas ha abierto el proceso de penalización a España por el desvío del déficit, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, insinuó que nuestro país podía evitar la multa por haber incumplido sus compromisos en caso de ofrecer las alegaciones pertinentes y explicar cómo corregirá los desequilibrios.

La cuantía de la sanción podría elevarse hasta los 2.000 millones de euros y llevar implícita una congelación de los fondos estructurales, pero la Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a rebajarla a cambio de una nueva senda de consolidación fiscal que incluya garantías para reducir el déficit. Es decir, quiere más ajustes. O mejor dicho, los exige. Y Luis de Guindos ha reiterado que la multa será de cero euros. Para esquivar la sanción económica, el Gobierno en funciones ya se ha comprometido a contener el nivel de gasto público. En Bruselas consideran que no se han tomado las medidas adecuadas para sanear las cuentas, por lo que los ministros del Ecofin han estrenado con España y Portugal el procedimiento sancionador por el incumplimiento del déficit. Sin embargo, el Pacto de Estabilidad se ha infringido en 120 ocasiones.

Pese a haberse reducido prácticamente a la mitad desde 2011, el déficit fiscal español continúa disparado. Y atajarlo debería constituir una de las máximas prioridades para el futuro Gobierno. Por el momento, y según consta en el documento de alegaciones enviado a la capital belga para evitar la multa, España cerrará los presupuestos de 2016 este mismo mes, si bien lo habitual es demorarlo hasta finales de año. Asimismo, se defiende que una sanción sería «contraproducente» e «incoherente», y se compromete a reducir el déficit público por debajo del 3% el próximo ejercicio mediante la puesta en marcha de una estrategia de gestión que ayudará a frenar el gasto en la segunda mitad del año.

Las últimas cifras de ejecución presupuestaria constatan que el proceso de consolidación para lograr los compromisos adquiridos con Europa no marcha por la senda prevista. El desfase entre ingresos y gastos ya ha alcanzado los objetivos estipulados para todo el año, a pesar de que la economía española se encuentra creciendo a tasas superiores al 3% interanual. Y es que, mientras que a las empresas y a los ciudadanos la hebilla del cinturón prácticamente les ha cortado la circulación de tanto apretársela, las administraciones continúan con la cartera abierta y los bolsillos rotos, sumando gastos considerados por los expertos como superfluos e innecesarios.

En este sentido, el peligro cada vez mayor de un nuevo incumplimiento de los objetivos renegociados para este año –4,5% del PIB en 2016 y 2,9% para 2017–, junto al inicio del expediente sancionador, insta a aprobar cuanto antes un plan ambicioso de ajuste. Y en unas semanas se presentarán dos documentos trascendentales: el «techo de gasto» y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

2,2 puntos deL PIB

El déficit público deberá descender desde el 5,1% de 2015 al objetivo del 2,9% en 2017, lo cual supone un ajuste de 2,2 puntos de PIB. Es decir, algo más de 22.000 millones de euros nominales. Y Javier Santacruz, profesor del IEB, explica que deberían venir de un ajuste de ingresos y gastos de 16.000 millones de euros, ya que el resto sería recaudación extra obtenida gracias al crecimiento económico y a una mayor generación de empleo –la economía por su propia inercia, creciendo a las tasas actuales, es capaz de generar en torno a 6.000 millones de euros de recaudación adicional–. El primer paso para recortar el gasto es reducir el techo de gasto no financiero en la misma o parecida tasa a la que se hizo en 2015. En este caso, «dicho techo de gasto competencial bajaría de los 130.000 millones de euros, con una caída del 3%». Santacruz revela que ésta sería la primera medida a aplicar en las Cortes que salgan de la constitución de la nueva Legislatura y la puesta en marcha del proceso de aprobación de los Presupuestos para 2017.

Pero serían dos capítulos los que tendrían que sostener, fundamentalmente, el recorte de los gastos: por un lado, el capítulo III de «Gastos financieros» o intereses de la deuda, los cuales se quedarían por debajo de los 30.000 millones en 2017 –un ajuste de 3.200 millones–, gracias a la emisión de deuda con tipos de interés cada vez más bajos (el saldo de deuda viva tiene una menor carga de intereses) que causan una reducción acelerada del tipo de interés medio de la deuda en circulación. Y el capítulo IV de «Transferencias Corrientes» coparía la otra parte importante del ajuste, con un recorte de los fondos que van a las comunidades autónomas de 3.000 millones de euros, materializados en menor gasto con cargo a las liquidaciones del sistema de financiación autonómica.

Santacruz resalta que la mayor parte de las transferencias corrientes son pensiones y prestaciones por desempleo, «las cuales en ningún caso se tocarían». Y considera que quizás el punto más problemático es decidir las áreas donde las comunidades deberán recortar, ya que el Estado no tiene competencias para obligarlas a ajustar en unas partidas u otras de su autonomía presupuestaria. Por ello, «es fácil que pocas quieran acometer verdaderas reformas de partidas de fuerte gasto, como la contratación de bienes y servicios o la centralización de las compras de material quirúrgico, sanitario, educativo o farmacéutico».

Los costes de personal –capítulo 1– en la propuesta que realiza Santacruz deberían suponer un ahorro de 2.000 millones en costes, que provendría de congelar los sueldos de la Administración Central, «incluso con un recorte de entre el 3% y el 5% de los salarios de los altos cargos y dos recortes de las partidas de inversión pública (Capítulo VI) y de subvenciones (Capítulo VII) de 500 millones cada una». Por último, el profesor del IEB sugiere un plan de racionalización del gasto de la Administración, poniendo especial hincapié en la Seguridad Social y en los organismos autónomos, que arrojaría un ahorro positivo de 800 millones de euros en dos años.

... Y 12.000 millones más de ingresos

Lejos de que los problemas de España se deban en mayor medida al excesivo gasto, el ajuste que exige Bruselas también requiere un incremento importante de los ingresos. Si bien 6.000 millones podrían proceder del actual crecimiento económico, para corregir el desfase presupuestario habría que aumentar en otros 6.000 millones la recaudación del Estado, un montante que el Gobierno en funciones pretende lograr gracias al pago adelantado del Impuesto de Sociedades.

En el capítulo de ingresos, Santacruz sostiene que uno de los ejercicios más necesarios es trascender de «lugares comunes» como la «lucha contra el fraude», mediante la que se espera recaudar 1.000 millones más al año. Pero ésta no genera apenas recaudación efectiva, porque los ingresos se registran por criterio de devengo y, por tanto, lo que se recauda por perseguir el fraude está destinado a cancelar apuntes contables anteriores. Así, 5.000 millones del incremento de ingresos provendrían de los impuestos directos (IRPF, Sociedades,...) y 1.000 millones, de los indirectos –especialmente de la imposición medioambiental y de los Impuestos Especiales–.

Las pensiones no se tocan

Dentro del plan de ajuste presupuestario propuesto en estas páginas, uno de los aspectos esenciales es el recorte de las transferencias corrientes, donde se concentra el 74% del presupuesto de gasto consolidado no financiero. Y dentro de este Capítulo IV, el gasto más importante es en pensiones, junto a las transferencias a cargo del sistema de financiación autonómica y a las prestaciones por desempleo. Pero cuando se sugiere un recorte de 3.000 millones en esta partida podría resultar tentador pensar que se tocarían las pensiones, porque son el gasto más importante, al copar el 16% del PIB. Sin embargo, Santacruz asegura que el coste que tendría la medida sería muy superior al alivio de dinero que supondría en los pagos. Por ello, «no se contemplan recortes de pensiones después del mecanismo establecido en 2012 de subidas automáticas de un 0,25% y su desindexación con respecto al IPC».

Por mucho que la Seguridad Social tenga un «agujero» de 16.000 millones de euros, Santacruz destaca que la solución no pasa por un ajuste contable simple de corto plazo, sino por lograr un equilibrio de medio-largo plazo por la vía de los gastos, evitando una subida de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo en forma de cotizaciones. «Si pensamos en un plan de ajuste presupuestario para cumplir con el déficit, la cuestión de la Seguridad Social y las pensiones tiene que quedar aparte, porque es un problema estructural –no coyuntural– que no se arregla recortando en el corto plazo», apostilla el profesor del IEB.