144.565 mayores de 25 años cobran pensión de orfandad

Cuatro de cada diez huérfanos con derecho a prestación ha superado el límite de edad general, pero mantienen la ayuda por tener discapacidad. Hay 5.135 beneficiarios con más de 80 años.

En España hay 338.644 personas que cobran cada mes una pensión de orfandad. Estas prestaciones tienen un coste anual de 1.800 millones de euros para la Seguridad Social, en un momento en el que sus arcas sufren el peor déficit de toda su historia. De hecho, entre las propuestas para sanear las cuentas del sistema aparece recurrentemente la posibilidad de sacar orfandad y viudedad de la Seguridad Social y pagarlas vía Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha aludido en varias ocasiones a la necesidad de avanzar en la «separación de fuentes de financiación» de las pensiones. Aunque en la práctica el coste final es el mismo, se aliviarían las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, de forma que sus ingresos pudiesen destinarse en mayor medida a las pensiones consideradas «más contributivas». Es decir, jubilación e incapacidad permanente, sobre todo.

Mientras esto sucede o no, la Seguridad Social mantiene en sus cuentas los 21.000 millones de euros anuales que cuestan las pensiones de viudedad, más los 1.800 millones de orfandad. Aunque estas ayudas para huérfanos se extinguen con carácter general a partir de los 25 años, en caso de discapacidad este límite puede ampliarse. Esto da como resultado que al cierre del pasado mes de febrero hubiese 144.565 personas mayores de 25 años cobrando una pensión de orfandad. Esta cifra supone el 42,6% de todos los perceptores de este tipo de pensión. Además, representa más de la mitad del gasto por orfandad: más de 1.000 millones de euros cada año. Es decir, el 56% de la nómina de las pensiones de orfandad se destina a personas mayores de 25 años.

Esto es así debido a que la cuantía media de las pensiones de orfandad es mayor conforme aumenta la edad. Según las estadísticas de la Seguridad Social, la pensión media para huérfanos es de 382,79 euros mensuales. Sin embargo, mientras que los menores de 25 años no llegan a los 300 euros de ayuda, en el caso de los mayores de 50 años el promedio es de más de 500 euros mensuales. De hecho, en España hay 5.135 personas que cobran por orfandad pese a que tienen más de 80 años. Es más, el grupo de edad con mayor cuantía corresponde a las 2.046 personas que superan los 85 años, cuya pensión media de orfandad asciende a 679,5 euros mensuales.

Si el límite se fija en 40 años, el número de perceptores de orfandad es de 128.070, lo que supone un 37,8% del total de este tipo de pensionistas. Superados los 65 años, la cifra es de 31.988 personas, lo que representa un 9,4% del total. En cualquier caso, el grupo más numeroso es el de los huérfanos entre 20 y 24 años, con 86.862 beneficiarios y un coste anual de 361 millones de euros.

El coste global de las pensiones de orfandad se ha disparado a casi el doble desde antes de la crisis. Los 1.800 millones de euros actuales eran apenas 1.000 millones en 2006. No obstante, el número de perceptores de orfandad se ha estabilizado en los últimos años, situándose en los mismos niveles que en 2015. Incluso se ha reducido ligeramente, ya que al cierre de 2017 era de algo más de 340.000 personas y al término de febrero era de 338.644.

Con todo, su peso sobre las cuentas de la Seguridad Social es muy limitado. Los 1.800 millones de euros que cuestan cada año las pensiones de orfandad son apenas el 1,5% del gasto total en pensiones contributivas. La mayor partida corresponde a las pensiones de jubilación, cuyo gasto de 86.579 millones en 2017 es 50 veces mayor que el de las prestaciones de orfandad.

Referéndum sobre pensiones

El futuro del sistema público de pensiones ha llevado a miles de pensionistas a las calles en las últimas semanas y enfrentado a los distintos partidos a cuenta de su revalorización conforme a la evolución del coste de la vida. En este sentido, el Defensor del Pueblo recibió el año pasado más de 45.000 peticiones de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.

En cualquier caso, el Defensor del Pueblo recuerda en su informe anual de gestión que el debate en torno al sistema de pensiones ha de producirse «en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, con el mayor consenso posible». La institución reconoce que la opción legislativa de la revalorización del 0,25% puede «no compartirse», pero también asegura que parecía «oportuno» que los poderes públicos pusieran en marcha mecanismos para contrarrestar el riesgo de pérdida que supone el modelo actual, en tanto que la suficiencia económica de las pensiones públicas es un objetivo constitucional.

El Defensor del Pueblo considera «necesario» garantizar en virtud del artículo 50 de la Constitución Española la solvencia del sistema público de pensiones, «que en estos momentos resulta deficitario», así como la suficiencia económica de los actuales y futuros pensionistas, aunque, en cualquier caso, insiste en remitir al debate legislativo en el Pacto de Toledo.

En este sentido, pone el punto de mira sobre el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, que a partir de 2019 actuará «como un descuento» en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución (previsiblemente al alza) de la esperanza de vida. Considera que la reforma de las pensiones de 2013 que introdujo esta medida perseguía propiciar una progresiva caída de la pensión media real, para que en 2050 se pudiera mantener el gasto total en pensiones ante el incremento de los pensionistas, informa Efe. No obstante, recuerda que todos los países de la Unión Europea, salvo Irlanda, revalorizan cada año las pensiones de acuerdo con la evolución de los precios o de los salarios, o de una combinación de ambos indicadores.