La coalición social-comunista pone en riesgo la solvencia de España

Los temores que infunde el pacto de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se extienden por todos los sectores económicos sin que tan siquiera haya llegado a plasmarse una sola de sus futuras propuestas. Sin embargo, hay líneas rojas que son más rojas que otras. Una de ellas es la reforma laboral que realizó el PP de Mariano Rajoy o, en este caso, la contrarreforma laboral que es prioritaria para Podemos. Las dificultades y los costes imposibles para poner en marcha un banco público o una eléctrica estatal, ambos pilares del programa de la formación morada, colocan a la contrarreforma laboral como uno de los caballos de batalla de Iglesias.

La certidumbre de que las modificaciones introducidas en 2012 en el mercado laboral –alabadas por la UE y todas las instituciones internacionales– serán revertidas ha llevado a la agencia de calificación Moody’s a advertir de que el rating del Reino de España, que mide la solvencia del Estado para hacer frente a sus compromisos crediciticos, se resentirá de cumplirse estos vaticinios. En un informe sobre España, Moody’s considera muy positivas las medidas contenidas en la reforma laboral, que se han traducido en más de dos millones de ocupados más, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y en una reducción de más de diez puntos en la tasa de paro. En este sentido, la agencia de calificación estadounidense advierte de que «una reversión fundamental de las anteriores reformas, que mejoraron la flexibilidad del mercado laboral y la sensibilidad de la negociación colectiva a la situación económica, sería negativa para el crédito».

Los planteamientos en los que puede coincidir la coalición social-comunista supondrán un mayor gasto público y un incremento de la presión impositiva en los futuros presupuestos, según las previsiones de la agencia. A este respecto, Moody’s estima que las cuentas que se negocien para 2020 serán similares a las que ya presentó Sánchez para 2019, rechazadas por el Parlamento. Así, se anticipan subidas de impuestos y nuevos tributos, incluyendo una tasa sobre las transacciones financieras o que grave las actividades de gigantes digitales, así como impuestos medioambientales, además de subidas de impuestos para las rentas más elevadas y un tipo efectivo mínimo del 15% para el Impuesto sobre Sociedades.

«Estas medidas ayudarían a compensar al menos en parte el mayor gasto» que exigirán los partidos periféricos (regionalistas y nacionalistas), cuyos votos necesita el tándem Sánchez-Iglesias para sacar adelante las cuentas públicas.

«Si bien la ratio de ingresos fiscales relativamente baja de España indica cierto margen para elevar la recaudación, existe el riesgo de aumentar los compromisos de gasto, que serían difíciles de revertir en unas circunstancias económicas menos favorables», advierte el informe de Moody’s, que proyecta para España déficits de alrededor del 2% del PIB en los próximos ejercicios, en línea con el resultado de este año, aunque significativamente por encima de las metas oficiales. En cuanto al crecimiento del PIB, la agencia anticipa una expansión del 2% en 2019, que se moderará al 1,8% en 2020.

En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, los analistas de la agencia consideran que la coalición roji-morada chocará en otros puntos, como la reforma que necesita el sistema público de pensiones. A su entender, es poco probable que se conjugue la sostenibilidad del sistema con los planteamientos de gasto en pensiones que defiende Podemos.

Cesiones al independentismo

En cualquier caso, y aunque se rebaje la tensión con el secesionismo catalán como consecuencia de las cesiones a cambio del apoyo puntual en el Congreso de los 13 diputados de ERC, Moody’s prevé que, de nuevo, no se llegue a completar la legislatura. «España tiene una limitada experiencia en gobiernos de coalición que dependen del apoyo multipartidista. Por lo tanto, vemos un riesgo material de que tal Gobierno no durará la legislatura completa», advierte Moody’s.

Aunque la agencia mantuvo la nota de España «Baa1» con perspectiva estable, un aprobado alto a un paso del bajo riesgo crediticio que otorgan la «aes», la «complejidad» política generada por el resultado electoral aleja el posible asalto a la primera «A».