FCC culpa a sus exdirectivos de la trama de comisiones en Panamá

La compañía española da explicaciones sobre los 75 millones en comisiones fraudulentas que denunció ante la Fiscalía

Imágenes de recurso de la sede de la constructora FCC, imputada por delitos de corrupción
Sede de la constructora FCC en MadridEduardo Parra Europa Press

La constructora española FCC se desmarcó ayer de la trama de pago de facturas simuladas para lograr contratos públicos en Panamá, por la que está siendo investigada por corrupción y blanqueo. La defensa de FCC respondió así al interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción y del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en relación al presunto pago de más de 75 millones de euros en comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas de Metro y la Ciudad de la Salud de Panamá, razón por la que la compañía está siendo investigada como persona jurídica. Los representantes legales de FCC, uno por cada filial objeto de pesquisas –FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias– aguantaron los embates de la fiscal Teresa Gálvez y del juez Moreno, ante los que defendieron que fue la propia compañía la que puso en conocimiento del Ministerio Público las irregularidades en las que incurrieron varios de sus exdirectivos, que salieron de la compañía inmediatamente después de conocerse los hechos juzgados. La defensa de FCC mantiene que estos exdirectivos actuaron siempre al margen de la constructora.

Los hechos se remontan a 2017, cuando se admitió a trámite una querella por presuntos delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015 contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht, que se habría servido de su posición para crear sociedades pantalla españolas para blanquear el dinero procedente de los sobornos abonados por diversas constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública, incluida FCC. Las facturas incorporaban servicios técnicos ficticios, que nunca llegaban a realizarse en las obras investigadas, pero que sí se cobraban. Fue a finales de mayo, cuando FCC puso en conocimiento de la Fiscalía estos acuerdos comerciales fraudulentos suscritos por exdirectivos de sus filiales con el entramado de sociedades pantalla que operaban en Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua.