La sombra de Iglesias planea sobre el órgano que decide la política económica

Nadia Calviño tendrá mucho poder nominal económico en el próximo Gobierno. En la práctica, quizá sea menos. Ejercerá de poli-buena económica frente a la que podría ser la poli-mala, María Jesús Montero, responsable de Hacienda, que ya tiene preparada una importante subida de impuestos que inevitablemente afectará a la clase media. Calviño, sin embargo, también es partidaria de un rejonazo fiscal porque, como dice, «los ciudadanos quieren más gasto público». Es su perfil menos conocido, como el de su obediencia absoluta a sus jefes, en este caso, Pedro Sánchez. Al fondo, las intenciones de Iglesias, de influir también como vicepresidente en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Calviño quiere evitarlo y puede conseguirlo.

Nadia Calviño, futura vicepresidenta económica del Gobierno, «genera tranquilidad», afirmaba en Barcelona un relevante empresario tras el acto de entrega de los Premios Ferrer Salat, que organiza la patronal catalana Fomento de Trabajo, que preside Josep Sánchez Llibre. La ministra de Economía clausuró el acto y estuvo acompañada por dos compañeras de Gobierno, María Jesús Montero, titular de Hacienda, y Margarita Robles, responsable de Defensa.

Temperamental

Montero, expansiva y temperamental, frente a la prudencia formal de Calviño, también se entiende con los empresarios, pero sus intenciones fiscales –habla sin tapujos de subidas de impuestos– despiertan más recelos, que desbordan el ámbito de los negocios y llegan hasta los ahorradores, autónomos y muchos contribuyentes. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, inquieto ante un Gobierno PSOE-UP (Unidas Podemos), también ve en Calviño una «cierta garantía».

Calviño, hasta ahora, ha eludido en público ofrecer muchos detalles sobre las intenciones fiscales del futuro Gobierno, lo que significa que no ha descartado una subida generalizada de impuestos. En privado, sin embargo, en conversaciones con banqueros, por ejemplo, y con colegas europeos, ha comentado que «la ciudadanía española reclama más gasto público» y que, por eso, ella está a favor de ese aumento de la presión fiscal. Su posición coincide más de lo que parece con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adalid también de una «armonización» –eufemismo de subida– impositiva en toda España. En definitiva, Calviño y Montero interpretarían el clásico papel del policía-bueno/policia-malo.

Por otra parte, por mucho que Calviño sea vicepresidenta, carece de poder político –en el Gobierno y en el PSOE– y el poder económico-efectivo siempre está en manos del Ministerio de Hacienda. Rodrigo Rato, sin ir más lejos, fue vicepresidente en la segunda legislatura de Aznar, pero reconocía que había perdido poder, porque Hacienda recayó en Cristóbal Montoro.

Nadia Calviño ha presidido hasta ahora la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que, con la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, son los dos órganos que realmente marcan la pauta del Gobierno. Todo, salvo excepciones, se decide en esas Comisiones, al margen de que luego el Consejo de Ministros debata sobre lo que le proponen, aunque hasta ahora, con Gobiernos monocolores, los cambios eran mínimos.

Comisario político

La formación de un Gobierno de coalición supondrá muchos cambios. Las dos Comisiones mantendrán sus funciones, pero su composición será decisiva. Calviño, en teoría, presidirá la de Asuntos Económicos, en la que hasta ahora Montero ha sido vicepresidenta y quien llevaba la voz cantante en asuntos de ingresos y gastos.

También participan el resto de titulares de los departamentos económicos, lo que significa que si hubiera un ministro o ministra de Unidas Podemos, por ejemplo de Trabajo o de Educación, formaría parte de esa Comisión. Es decir, Calviño no quiere intromisiones de Iglesias, pero un miembro de UP en la Comisión sería algo así como un comisario político podemita sobre las grandes decisiones económicas.

La responsable de la Economía española es fiel a Sánchez y hará lo que pida el presidente. La historia se repite, porque Pedro Solbes también llegó –y como vicepresidente y responsable de Hacienda– al Gobierno de Zapatero como el garante de la ortodoxia, aplaudido por empresarios y banqueros, y luego se plegó a los deseos del entonces inquilino de la Moncloa. Al final, aceptó su debilidad y sus errores y dimitió. Sin embargo, cuando avaló aumentos galopantes del gasto y la deuda pública se justificaba con el argumento de que «el presidente es quien tiene los votos y es lo que quiere».