No habrá subida salarial para los funcionarios

«La subida del sueldo de los funcionarios está sujeta a la investidura del nuevo Gobierno. Si no lo hay, no habrá subida». Así de claro y contundente fue el mensaje lanzado ayer por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en boca del ministro de Función Pública, Luis Planas. Los funcionarios se quedarán, por tanto, sin la subida prometida para el año que viene. Al menos, de momento. Planas achacó esta decisión a que «desde el punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede aprobar oficialmente ese aumento» que, en todo caso, «será devengado con fecha 1 de enero con efecto retroactivo». Con esta declaración volvió a echar un jarro de agua fría sobre las aspiraciones del colectivo público, que esperaba que el Gobierno cumpliera con los acuerdos firmados con los sindicatos este mismo año. En ellos se estipulaba un incremento general del 2%, al que se sumarían otros adicionales en función de las previsiones contables –un 0,3% proveniente de fondos especiales, otro 0,55% en función del déficit y otro 0,2% si se cumplen las previsiones del Ejecutivo y se alcanza un crecimiento del PIB del 2,1%–.

Aval de los servicios jurídicos

En declaraciones ante los periodistas antes de inaugurar una jornada de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), el ministro indicó que esta medida solo es posible aplicarla «con un Ejecutivo con plenas capacidades, que pueda responder a las necesidades de funcionarios y empleados públicos». Planas intentó neutralizar así las movilizaciones en contra de esta decisión que realizó ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el de mayor representación, para exigir que se cumpla lo prometido «haya o no Gobierno en firme», declararon ante la Delegación del Gobierno en Madrid, donde se habían manifestado. Para el ministro, el cumplimiento de esta medida está sujeto a la investidura del nuevo Ejecutivo. «Nuestra intención es que haya uno cuanto antes y que a partir de ahí se pueda producir el incremento comprometido». Lo que sí descartó es que el retraso en la aplicación de esta medida sea por una cuestión presupuestaria, ya que «no plantearía ningún problema aprobarla con el Presupuesto prorrogado», y lo achacó «simplemente» a la interinidad gubernamental y a la negativa avalada por los «servicios jurídicos» ministeriales. Lo único que sí confirmó el ministro fue que durante el mes de diciembre se convocarán las comisiones de Igualdad y de Seguimiento de empleo público, tal y como se comprometió esta misma semana con los sindicatos.