Los camioneros denuncian el cierre de La Junquera ante Fiscalía

Piden que la Guardia Civil abra una investigación para identificar a los responsables. La principal patronal ultima una querella contra la Generalitat y el Estado para reclamar 150 millones

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -que agrupa a las asociaciones nacionales de tranportistas- han presentado ante la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil una querella penal contra los responsables, directos e indirectos, de los cortes de carretera registrados en Cataluña a raíz de la sentencia del ‘procés’ dictada por el Tribunal Supremo, especialmente en la AP-7 en el paso fronterizo de La Junquera. La intención de los transportistas es identificar y llevar ante los tribunales a los protagonistas de los disturbios y a los que los organizaron. “Es muy triste pero, después de todo lo que pasó y las pérdidas que produjeron a tantísima gente, nadie se ha hecho responsable hasta ahora y ninguna persona ha sido detenida. Nos parece una vergüenza y una falta de respeto a tantas empresas y trabajadores”, manifestó a LA RAZÓN Dulce Díaz, secretario general de CETM. Si la investigación abierta por la Guardia Civil y la Fiscalía termina con imputaciones se abriría el camino a reclamar indemnizaciones millonarias por las pérdidas sufridas de los más de 20.000 camioneros que se vieron atrapados durante más de 36 horas en la autopista AP-7, la principal conexión con el resto de la Unión Europea.

Otra querella en marcha

La patronal mayoritaria del sector plantea ir un paso más allá, ya que sus servicios jurídicos ya trabajan para presentar una querella patrimonial contra la Generalitat y el Estado “por omisión de sus funciones durante los bloqueos, por no haber preservado la libre circulación de vehículos y mercancías, algo que está reconocido en el artículo 19 de la Constitución española”, manifiestan desde CETM. Esta asociación confirmó a este diario que están en pleno estudio pericial entre todos los asociados que se vieron implicados para determinar el importe real que será reclamado judicialmente y que, hasta ahora, rondaría los 150 millones de euros. Su objetivo es que “todas las empresas de transporte que se hayan visto perjudicadas por el corte sistemático de las carreteras catalanas puedan reclamar las indemnizaciones correspondientes”.

Los transportistas pedirán que tanto el Gobierno central como el Ejecutivo catalán sean responsables subsidiarios de las pérdidas provocadas por los CDR. En concreto estudian acusar a la Generalitat, a su presidente, Quim Torra, y a los Mossos de Esquadra de haber tenido una actitud pasiva y de connivencia con los violentos, además de haber impedido de forma consciente la reapertura de la frontera, responsabilidad que extienden al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no garantizó el libre paso en una conexión internacional. No descartan que sus denuncias se amplíen a las asociaciones independentistas que avalaron, alentaron e impulsaron estos hechos.