El Banco de España pide un pacto de Estado para salvar las pensiones

“Los representantes políticos deben alcanzar un acuerdo global y consensuado que garantice las sostenibilidad del sistema de pensiones”. Alto, claro y contundente. Ese fue el mensaje que lanzó ayer Óscar Arce, director de Economía y Estadística del Banco de España en unas jornadas de previsiòn social organizadas por EY y Mapfre. En esa tribuna pidió que los políticos del Parlamento, de todos los partidos sin distinción -“porque a todos nos atañe este asunto”- se comprometan a un pacto de Estado que dé viabilidad a un sistema de previsión que puede verse comprometido en el tiempo, por lo que dicho acuerdo debería servir para varias generaciones. Y ese pacto debería intentar resolver todas las problemáticas del sistema: financiera, demográfica, social, que marque una edad de jubilación acorde con los tiempos y que solucione la financiación. Arce pidió directamente a los partidos políticos “más pragmatismo” a la hora de tomar decisiones y ajustar la reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. Cree que se debe consensuar el grado de generosidad del sistema que, en caso de mantenerse como hasta ahora, “requerirá necesariamente nuevos recursos de otras partidas presupuestarias”, y una vez decidido el grado de generosidad, añadir recursos financieros para sostenerlo. En concreto solicitó más incentivos para retrasar la edad de jubilación, fomentar productos financieros de ahorro y mejorar el mercado laboral, además de advertir que las cuentas nacionales no generan suficientes recursos como para corregir el déficit de la Seguridad Social. Aunque se elevase la tasa de empleo del 61% actual al 80% en 2050 -“una previsión algo por otro lado poco realista”, comentó-, no sería “suficiente para solucionar el desajuste entre los ingresos y los gastos del sistema”.

El representante del Banco de España incidió especialmente en que el envejecimiento demográfico será una de los principales problemas que arrastrará el sistema durante los próximos años en la mayoría de los países europeos, pero especialmente en España. En este sentido apuntó que la proporción entre la población de 65 años y en edad de trabajar aumentará desde el 30% actual hasta entre el 70% en el año 2050, por lo que remarcó la necesidad de dotar al sistema de mecanismos automáticos que garanticen la viabilidad financiera “en cualquier circunstancia y durante un periodo suficientemente amplio”. Asimismo, consideró que el sistema tiene que mantener su “carácter contributivo”, pero no se deben descartar otras fórmulas, ya sean mixtas o privadas, que sustenten la pensión “dentro y fuera del sistema, para mejorar la capacidad financiera de los mayores”. Así, Arce hizo una llamada de atención tanto al sistema financiero privado como al asegurador, para que se impliquen con mayor transparencia en ofertar productos atractivos, que sean “más competitivos y responsables”.

Finalmente, el director subrayó que la sostenibilidad del sistema pasa por un la puesta en marcha de un verdadero plan de consolidación fiscal a largo plazo, que tenga en cuenta el envejecimiento poblacional y la incorporación a la previsión de jubilaciòn de la generación del ‘baby boom’. Para ello será necesario “realizar reformas estructurales, mejorar el empleo, la productividad y mantener el crecimiento económico”, además de posibilitar políticas de inmigración flexibles de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, y que el sistema sea “más transparente y previsible” para que el ciudadano tenga suficiente informaciòn para decidir si debe complementar o no su prestación pública. “El porcentaje de población cuyo único ingreso es la pensión es demasiado alto”, sentenció Arce.