Bloqueo europeo en la lucha contra la evasión fiscal

Los Veintiocho terminan el año sin poner el cascabel al gato a la hora de luchar contra opacidad fiscal. Ante el escándalo de los «papeles de Panamá», el Ejecutivo comunitario propuso una iniciativa para obligar a las multinacionales a publicar los impuestos que pagan en cada país europeo y si mantienen algún tipo de actividad en territorios considerados países fiscales. La propuesta incluye a las multinacionales con ingresos superiores a los 750 millones de euros anuales –independientemente de dónde tengan su sede fiscal–, que se verían obligadas a informar de sus beneficios antes o después de impuestos, el número de empleados y el volumen de negocios en cada país europeo.

Tres años después, las negociaciones permanecen bloqueadas y nada indica que puedan producirse avances en un futuro más o menos próximo. Los responsables de este naufragio son los países conocidos en los pasillos comunitarios como los «sospechosos habituales», entre los que se encuentran Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Malta. Son Estados conocidos por haber puesto en marcha acuerdos «ad hoc» con multinacionales que, a través de sofisticada ingeniería financiera, favorecían la evasión fiscal. La Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker (2014-2019) hizo de la cruzada contra estos acuerdos una de las grandes prioridades de la pasada legislatura.

Como llueve sobre mojado, el Ejecutivo comunitario propuso una base legal para que esta iniciativa se debatiera en el Consejo de Competitividad, los ministros de Industria. Un intento de eludir el Ecofin (los ministros de Economía), ya que los temas de fiscalidad exigen la unanimidad de los Estados y este procedimiento hace prácticamente imposible cualquier avance. Pero los Estados que están bloqueando el acuerdo no se han quedado de brazos cruzados y exigen que sea el Ecofin quien tome cartas en el asunto. Los servicios jurídicos del Consejo les han dado la razón y ayer los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho debatieron este tema.

En el otro lado, el grupo liderado por Francia, España e Italia sostiene que esta normativa se refiere a transparencia y competitividad, y confía en que pueda aprobarse por mayoría cualificada. Alemania prefiere navegar entre dos aguas y hasta el momento se ha decantado por la abstención. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, defendió ante sus homólogos europeos la necesidad de encontrar un punto de encuentro para desbloquear la situación.