El rescate bancario costó casi 6.000 millones más de lo que se creía

Ya se intuía y en muchos foros bancarios era un secreto a voces. Pero el Tribunal de Cuentas lo ha ratificado. En su último informe ha elevado a 66.577 millones de euros el coste total del rescate bancario hasta diciembre de 2018, una cifra ligeramente superior a los 65.725 millones estimados por el Banco de España. Esta diferencia de 852 millones -un 1,32% superior al calculado por el supervisor bancario- se explicaría por la distinta metodología empleada por cada organismo. Sin embargo, el verdadero salto cualitativo de las estimaciones del Tribunal de Cuentas se centra en el desfase de 5.859 millones de euros de más calculado con respecto al informe realizado por esta misma institución a finales de 2015, que enumeraba los 45.344 millones aportados a la banca por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y los 21.295 millones del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), a lo que habría que restar los 62 millones obtenidos por el Banco de España en intereses. En lo que sí coincide el Tribunal de Cuentas con el Banco de España es en asegurar que el coste total de las ayudas al sector no tendrá una cifra definitiva hasta que se ejecute la venta de Bankia, ya que “ciertas operaciones posteriores a fecha de la estimación pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe”, explica en su nota.

El importe de los recursos totales comprometidos en la reestructuración por el FROB, el FGDEC y el Banco de España como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2018 fue de 122.754 millones de euros. De este importe, el FROB comprometió 77.506 millones de euros; el FGDEC 35.446 millones -financiados con las aportaciones de las entidades de crédito-; y el Banco de España 9.802 millones -con el citado saldo positivo de 62 millones entre ingresos y gastos-. Aproximadamente la mitad de estas aportaciones se han incorporado al capital de las entidades de crédito y en cuotas participativas, aunque no todos los recursos comprometidos supusieron un coste para el proceso de reestructuración, bien porque los importes se recuperaron o se recuperarán posteriormente; bien, porque no llegaron a materializarse en salidas de recursos públicos. Además, las entidades fiscalizadas obtuvieron ingresos por ciertas operaciones desarrolladas en el marco de los procesos de reestructuración -como intereses y comisiones-, que deben tenerse en cuenta al estimarse el coste. En concreto, se materializaron aportaciones al capital de las entidades y en cuotas participativas por valor de 60.247 millones, siendo Banco CAM (26.307 millones) y BFA-Bankia (22.427 millones) las entidades que más fondos públicos requirieron.

En el caso concreto de Bankia, el coste asumido en el rescate bancario se cifra en 12.864 millones de euros, diferencia resultante entre los 22.424 millones de euros aportados por el FROB y el valor neto de deterioros en el que permanece su balance a 31 de diciembre de 2018, 9.560 millones de euros. Pero es en el reparto de costes asumidos donde el Tribunal critica la actuación del Fondo de Reestructuración y la entidad bancaria. El Tribunal señala que el FROB “no ha realizado comprobaciones documentales de expedientes individuales” para saber si se cumplen los límites y condiciones establecidas en los convenios de reparto, realizando únicamente “comprobaciones a nivel agregado”, por lo que recomienda establecer “un sistema de gestión de BFA que facilite al FROB la comprobación de la determinación y el cumplimiento de las condiciones establecidas.