Las autonomías adeudan ya 180.000 millones al Estado

De cero al infinito y, además, gratis. Y todo en poco menos de diez años. Las 17 comunidades autónomas españolas tenían 136.151 millones de deuda pública en 2011 pero, en la práctica no debían nada al Estado. Los bancos les habían prestado más de 73.000 millones y, además, habían colocado bonos en los mercados por importe de otros 62.000 millones de euros. Nueve años más tarde, las comunidades han duplicado su deuda, que ahora llega a los 298.077 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España, correspondientes al final del tercer trimestre de 2019. Y lo que al principio, en 2012, se planteó como una solución para aliviar la situación de las comunidades ante el cierre de los mercados en los momentos más duros de la crisis, se ha convertido en una forma de financiación recurrente, que alcanza la cifra de 180.081 millones de euros. Es lo que las 17 comunidades deben, al 0% de interés –todo un chollo incluso en tiempos de tipos por los suelos–, al Tesoro Público, al Estado en definitiva. El resto, unos 118.000 millones, lo adeudan a bancos españoles y a los inversores –sobre todo institucionales– que compraron sus bonos, sobre todo antes de la crisis económica, y que siguen vivos.

«Nada es gratis»

«Nada es gratis». Kenneth Rogoff fue el autor al inicio de la Gran Recesión, junto a Carmen Reinhart, de «Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera». El libro repasaba las grandes quiebras financieras de los Estados y explicaba cómo los políticos siempre dicen que esta vez es diferente. Nunca lo ha sido. Ahora Rogoff, en un artículo en Project Syndicate, recuerda que la deuda «no es comida gratis», que es la expresión que se utiliza para decir en inglés que «nada es gratis». En España, algunas comunidades, sin duda las más endeudas con el Estado, quizá piensan que sí es gratis. Desde luego, no hay planes sobre cómo devolver esa deuda que, además, aumenta todos los años. En 2012, bajo la fórmula de Fondo para la Financiación de Pagos a los Proveedores (FFPP), dejó a 14 de las 17 autonomías un total de 17.694 millones de euros. Las comunidades con un régimen fiscal especial, País Vasco, Navarra, no recibieron nada y ese año tampoco Galicia. Aquel año, la Comunidad Valenciana se «endeudó» con el Tesoro por 4.351 millones de euros, bastante más que Cataluña, que lo hizo por 2.020 millones de euros. Destaca que aquel ejercicio Castilla-La Mancha obtuviera 2.916 millones de euros de financiación gratis pública. Nueve años después las cifras se han multiplicado de forma exponencial. Los 17.694 millones de euros se han convertido en 180.881, que son los que adeudan las comunidades, con la excepción de País Vasco y Navarra, al Tesoro, a través del Fondo de Financiación a las Comunidades, heredero y sucesor del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). Cataluña, con 59.212, es la más endeudada con el Estado, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.660. En el primer caso –Cataluña–, la dependencia de la financiación pública se ha multiplicado por 29,3 y en el segundo –Comunidad Valenciana–, por 9,3 millones.

El incremento desmesurado de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado coincide con la reducción de la financiación bancaria y de la colocación de bonos –deuda– en los mercados. En 2011, por ejemplo, las 17 regiones –aquí si están incluidas País Vasco y Navarra– debían a los bancos que operan en España un total de 73.133 millones de euros. En 2019, esa cifra ha descendido hasta los 64.313 millones de euros. La explicación es simple y doble. La financiación del Estado es prácticamente gratis, aunque con algunas condiciones, mientras que la bancaria hay que pagarla desde el principio. La evolución de las relaciones crediticias de las autonomías con los bancos en este periodo ofrece algunos datos llamativos. En 2011, las entidades financieras españolas tenían concedidos 11.021 millones de euros en préstamos a Cataluña, una cifra que en 2019 ha bajado hasta los 5.834 millones euros. Madrid, País Vasco y Navarra, por el contrario, han aumentado de forma significativa su financiación bancaria española. Significa, obviamente, que las entidades financieras se fían más de unas comunidades que de otras. Todavía más espectacular es la reducción de la financiación bancaria internacional a las comunidades autónomas, que ha pasado de 26.060 millones en 2011 a 21.897. En la práctica, lo que ocurre con los préstamos bancarios a las autonomías es que las entidades financieras, salvo excepciones, no hacen nuevas operaciones. Renuevan las existentes y cuando tienen oportunidad intentan reducir –cobrar el principal del préstamo– su exposición a ese mercado.

Mecanismos de liquidez

Las regiones, tradicionalmente, recurrían a los mercados para financiarse, mediante la emisión y colocación, sobre todo, de bonos. Sin embargo, los mecanismos extraordinarios de liquidez que puso en marcha para ellas en 2012 el Gobierno de Rajoy prohibían acudir a los mercados a las que no cumplieran las metas de déficit, deuda y regla de gasto. Otra forma de controlar las cuentas autonómicas y evitar aumentos descontrolados del gasto. El máximo de financiación procedente de los mercados se alcanzó en 2012, con 65.686 millones. Desde entonces ha descendido hasta los 45.267 millones actuales. En este caso, es Madrid la que está más endeudada con los mercados, con hasta 18.480 millones de euros, con el País Vasco en segundo lugar, con 4.772 millones.

Precisamente Madrid y País Vasco, junto con Navarra, Asturias y Castilla y León, son las únicas autonomías que en 2019 se han financiado exclusivamente a través de los bancos y los mercados, es decir, inversores ya sean institucionales o particulares. El resto de las comunidades siguen enganchadas a los fondos estatales y, según un informe de Analistas Financieros Internacionales (Afi), citado por el diario El País, en 2020 pedirán otros 37.000 millones de euros, que será nueva deuda que habrá que añadir a la existente. Rogoff ha explicado con detalles por qué no hay «deuda gratis». Sin embargo, los responsables de algunas regiones trabajan para encontrar fórmulas para no devolver nunca esa deuda al Tesoro público y que sea «gratis» para sus respectivos Gobiernos, aunque nunca será «una comida gratis» para los ciudadanos, que son quiénes pagarán todo, como siempre.