Sánchez parte Trabajo y Seguridad Social por primera vez desde 1981

Moncloa lo anunció a primera hora de la mañana. La Seguridad Social tendrá entidad propia en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez y quedará desgajada del Ministerio de Trabajo, que controlará Podemos, su socio de Gobierno, y dirigirá Yolanda Díaz. El nuevo departamento se denominará Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y tendrá como titular a José Luis Escrivá, hasta ahora al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Es la primera vez desde los primeros tiempos de la Transición, en el año 1981, que Trabajo y Seguridad Social no comparten la misma cartera. En la primera legislatura de la democracia estaba integrada en Sanidad, siendo durante el breve Gobierno de Calvo-Sotelo cuando se fusionan ambos departamentos –que pasaron por varias denominaciones en las legislaturas siguientes–. Su viaje conjunto se mantuvo hasta ayer, cuando el presidente del Gobierno puso fin a los rumores e hizo efectiva la división de departamentos.

La confirmación de este fraccionamiento ministerial llegó directamente desde el gabinete personal de Pedro Sánchez, que quiso dejar claro desde el primer instante que el presidente pretende formar lo que denomina «el mejor equipo económico de la democracia española», pero eso sí, lejos de las garras del partido de Pablo Iglesias, al que quieren restar cualquier capacidad decisoria sobre la mayor partida presupuestaria del ejercicio. Así, Sánchez quiere asegurarse que todos los pagos de las prestaciones, como las pensiones y los subsidios sociales, entre otros, queden bajo su supervisión y la de su nueva vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que también controlará la diplomacia económica como «área prioritaria», al integrar bajo su vicepresidencia al Ministerio de Asuntos Exteriores, que ampliará su denominación a Unión Europea y Cooperación.

El presidente del Gobierno siempre dejó claro que la Seguridad Social iba a ser una línea de contención al poder morado en el Gobierno. 9,8 millones de pensiones contributivas y 8,95 millones de pensionistas son demasiado importantes –por influencia económica y por capacidad electoral– como para que Moncloa dejase a su compañero de coalición apuntarse cualquier tanto a su favor a costa de este colectivo. Sánchez cedió a las presiones de Iglesias de entregar la cartera de Trabajo, pero ha limitado al máximo su incidencia para que no pueda hacer sombra a sus logros y, además, coarta de un golpe cualquier radicalismo social que surja desde ese ministerio y que éste tenga el menor impacto posible en la economía.

Escrivá por Valerio

Aunque todo apuntaba a que sería Magdalena Valerio –hasta ahora ministra en funciones de Trabajo durante el último año y persona de la máxima confianza del presidente– la que se haría cargo de la nueva cartera, finalmente será José Luis Escrivá el que asuma el nuevo departamento. Escrivá es actualmente el presidente de la Airef, una institución creada en 2014 para fiscalizar las cuentas de las Administraciones Públicas españolas y cuyo mandato de seis años termina el mes que viene.

Desde su nuevo despacho ministerial controlará la mayor partida presupuestaria de 2020, que incluye todo lo relativo a la recaudación de las cotizaciones, los pagos y la gestión de las prestaciones sociales –al margen del desempleo- y de la afiliación. De este modo, dispondrá de la mayor parte de los más de 163.000 millones de euros presupuestados que, de momento, se han prorrogado para el presente curso. Como en el ejercicio anterior, Escribá necesitará aportaciones extras de liquidez para hacer frente a los pagos de los pensionistas, al quedar prácticamente liquidada en el anterior ejercicio la «hucha de las pensiones».

Precisamente, la decisión sobre el índice de revalorización anual en base al IPC y el factor de sostenibilidad son otras de las atribuciones que el presidente también ha arrebatado de las manos a Yolanda Díaz, por lo que dependerán directamente de Seguridad Social. Pese a que éstas han sido dos de las medidas acordadas por ambos partidos en su acuerdo programático del «pacto del abrazo», el Gobierno no olvida que fue precisamente Díaz la que evitó que se alcanzara un acuerdo en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que imposibilitó aprobar una solución a largo plazo para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Competencias reducidas

Pese a todas las cortapisas impuestas desde Moncloa, Yolanda Díaz, que jurará en breve como nueva ministra de Trabajo –o prometerá o buscará alguna forma alternativa de oficializar su cargo–, gestionará un presupuesto de más de 25.000 millones de euros, correspondiente a las políticas de acceso al empleo y de protección de los desempleados, una cifra muy alejada de la que tendría con el control de la Seguridad Social. También manejará las jugosas partidas destinadas a formación, cuyos fondos prevé ampliar. La mayor partida de su presupuesto ministerial se destinará al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), y buena parte del resto será para el desarrollo de políticas activas de empleo –cun 40% debe ser transferido a las comunidades autónomas, unos 2.500 millones de euros–. También gestionará la caja del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

La subida del Salario Minimo Interprofesional, la derogación de la reforma laboral –al menos algunos de los artículos que PSOE y Podemos estiman más lesivos– y el nuevo Estatuto de los Trabajadores tendrán que ser negociados y coordinados por los equipos de ambos ministerios.