Podemos controla la “policía laboral”

Díaz coloca a un diputado morado al frente de la Inspección de Trabajo con el objetivo de endurecer las sanciones a las empresas

Toma de posesión de su cargo de los ministros del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi durante el acto de toma de posesión de los ministrosMarta Fernández Jara Europa Press

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha nombrado al diputado de Unidas Podemos por Valencia Héctor Illueca, máximo responsable de la Inspección de Trabajo. Como ya adelantó LA RAZÓN, dentro del reparto de funciones al desgajar en dos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Díaz había logrado retener a la “policía laboral” tras quedarse sin el control de las pensiones, bajo la tutela del independiente José Luis Escrivá. La pugna que mantienen socialistas y comunistas por hacerse con la gestión de las mayores responsabilidades posibles, especialmente las que puedan rendir réditos políticos, aún no ha concluido y queda pendiente la atribución de jugosos cargos que todavía tiene bajo su jurisdicción la flamante titular de Trabajo. El nombramiento no ha sentado demasiado bien a los inspectores laborales –muy vinculados por obvias razones a la Seguridad Social–, que habían solicitado unirse al recién creado ministerio de mando socialista. De hecho, los sindicatos del cuerpo de inspectores laborales se mostraron en contra de la división de Trabajo y Seguridad Social ya que, aducían, «no se entienden las relaciones laborales sin la Seguridad Social». Ante la partición, los inspectores habían pedido al Gobierno mantenerse dentro del paraguas de Escrivá, ya que que la base de datos de la Seguridad Social es una herramienta «indispensable» para poder comprobar si los trabajadores han sido dados de alta, si la empresa cotiza e ingresa correctamente o los tipos de contrato que utiliza. Los inspectores consideran que sin esta base de datos no se habrían podido alcanzar, por ejemplo, los resultados que arrojó en 15 meses el Plan Director por un Trabajo Digno, que convirtió 273.173 contratos temporales en indefinidos y afloró 160.422 empleos considerados irregulares. Tras perder esta batalla, los inspectores pretendían quedar bajo la tutela directa de un responsable “independiente” que dejara su función al margen de campañas de contenido político. Sin embargo, el nombramiento de Illueca deja la Inspección laboral bajo control absoluto de los comunistas. Después de sofocar la pérdida de la «policía laboral», logrando así retener un instrumento de control político importante con el que «lanzar» campañas de vigilancia laboral sobre los sectores y empresas que determine Díaz así como el registro horario, la ministra trata ahora de no perder otras atribuciones en favor de departamentos como Migraciones.

Sanciones más duras a las empresas

Inspector de Trabajo y profesor universitario, Illueca llegó al Congreso el pasado año, tras obtener escaño por Valencia y asumir responsabilidades en el debate político en materia de pensiones. En la pasada y fallida legislatura, fue elegido presidente de la Comisión de Trabajo y vicepresidente en la Comisión del Pacto de Toledo en la Cámara Baja., según recoge Ep. El acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos contempla un refuerzo en las actuaciones de este organismo, específicamente dirigidas al tiempo de trabajo y a la “economía irregular”, anticipando un endurecimiento del régimen de infracciones y sanciones aplicables ante eventuales incumplimientos por parte de las empresas. vEl acuerdo también prevé una revisión de la normativa del trabajo a tiempo parcial para prevenir su “uso fraudulento”, un refuerzo del papel de la Inspección y la autoridad laboral para controlar despidos colectivos y otros expedientes de regulación de empleo, y la persecución del abuso de la temporalidad y de las relaciones “extra laborales”, realizadas sin contrato de trabajo, como los falsos autónomos, los falsos cooperativistas y los falsos becarios. Asimismo, ambas formaciones contemplan también la creación de una Oficina Estatal de lucha contra la discriminación dentro de la Inspección de Trabajo "para supervisar la igualdad en el acceso al empleo, la promoción profesional, y en las condiciones de trabajo, especialmente las retributivas, entre hombres y mujeres, como parte de su programa de políticas feministas.