El Gobierno deja en 50 euros el alza del salario mínimo

Tras la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, el Gobierno había puesto en su punto de mira el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Su intención era elevarlo en 1.000 euros este año –hasta alcanzar los 1.200 euros durante esta legislatura, el 60% del salario medio en España–, pero ha tenido que cambiar sus planes y conformarse con elevarlo, de momento, a 950 euros, un 5,5% más que en 2019, tras el acuerdo alcanzado ayer con los sindicatos y la patronal. Lo anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz – junto a los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva–, como «un gran logro» para los trabajadores y valoró que los agentes sociales «hayan elevado la mirada» para lograr el primer «gran acuerdo social de esta legislatura, que seguro no será el último».

De este modo, el incremento acumulado desde la subida del pasado año se sitúa en el 29% en apenas 12 meses, en un viaje que va desde los 735 euros de diciembre de 2018 hasta los 950 euros aprobados ayer. Si nos vamos tan solo dos años más hacia atrás, a 2016, el porcentaje de crecimiento del SMI se eleva un 45%. En términos globales, los trabajadores que cobren el SMI este año sumarán a sus ingresos anuales 700 euros más.

Por lo que se vio tras la reunión, todos los interlocutores tuvieron que ceder en sus pretensiones. Antes de que el Gobierno fuera investido, su presidente, Pedro Sánchez, aseguró que una de sus primeras medidas iba a ser aprobar un nuevo incremento del SMI. El acuerdo programático suscrito entre los socialistas y Unidas Podemos para gobernar en coalición recogía que debe situarse en el 60% del salario medio al final de la legislatura, en 2023, es decir, en 1.200 euros. La promesa de Podemos era que se incrementara «inmediatamente» hasta los 1.000 euros, pero la fuerte oposición empresarial y su intención de mantener abiertos todos los canales de negociación le han hecho dar marcha atrás y ralentizar este incremento y optar por una subida progresiva durante los próximos tres años. La advertencia empresarial de que el impacto sobre las cuentas de empresas y empresarios –sobre todo sobre las pymes– sea inasumible ha forzado al Gobierno a alcanzar un acuerdo de mínimos y evitar al menos incumplir su palabra. No así Podemos, que tras haber afirmado que este año el SMI alcanzaría los 1.000 euros, no lo ha cumplido. Durante la mañana de ayer, la propia vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya reconocía que el Ejecutivo había descartado subirlo de golpe, aunque mantenía su objetivo final en 2023 porque «es una obligación de la Carta Social europea», aunque «debe hacerse con responsabilidad».

Frente a la satisfacción de la ministra Díaz y de los máximos dirigentes sindicales, tanto el presidente de la CEOE como el de Cepyme mostraron un tono más serio tras reconocer que esta subida es «la solución menos mala», dijo Garamendi, que pese a que no ha podido evitarla, al menos sí ha logrado que el impacto sobre los empresarios quedara minimizado a 50 euros este año. En sus palabras quiso dejar constancia del impacto negativo de esta medida sobre las pequeñas empresas, «las que más afectadas se ven por ello», y pidió directamente a la ministra de Trabajo que se cambie la ley de contratos públicos, «una medida imprescindible para poder asumir esta subida». Se refiere Garamendi a que estos incrementos deberán de ser absorvidos por las empresas contratadas por los entes públicos aunque no estén reflejadas en el contrato. Por ello, piden que sean estas administraciones las que se hagan cargo de este coste.

En el mismo sentido se manifestó el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, que pidió que «que se tenga en cuenta que muchos autónomos trabajan con ayuntamientos y con administraciones públicas,y que asumir esta subida puede costar muchos empleos».

A tenor de los datos del Ministerio de Trabajo, la subida del 22,3% del SMI que entró en vigor el 1 de enero de 2019 podría haber provocado la destrucción –ya sea de forma directa o indirecta– de al menos 50.000 empleos que cobraban el salario mínimo. Según estos datos, salieron de la Seguridad Social 14.000 empleadas del hogar; 33.400 trabajadores del campo –que cotizaban en el Sistema Especial Agrario–; 10.100 autónomos asalariados; 1.150 trabajadores del sector eléctrico y más de 500 trabajadores del mar. Fue el propio ministro Luis Planas el que llegó a reconocer que miles de estos empleos perdidos se trasvasaron directamente a la economía sumergida.

El impacto negativo de esta medida sobre la economía fue advertido ya por varios organismos, incluidos el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El último en hacerlo ha sido el centro de estudios económicos de BBVA Research esta misma semana, al afirmar que, según sus cálculos, la subida costó al mercado laboral en 2019 unos 45.000 puestos de trabajo en términos netos, medidos en afiliados a la Seguridad Social.

Uno de las pocas entidades que ha avalado de forma parcial esta medida ha sido la agencia de calificación S&P, que considera que España cuenta «aún con margen» para subirlo, puesto que «aún está lejos» del 60% del salario medio, incluso después del alza realizada el año pasado.

No aclaró Yolanda Díaz si la subida se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, ya que los servicios jurídicos comenzarán hoy a redactar el texto del real decreto ley, que debe cumplir con los requisitos legales de los siete días de audiencia. La subida se hará con carácter retroactivo al 1 de enero.