El TC obliga al Gobierno a cambiar parte de su decreto de alquiler

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que cambiar uno de sus proyectos estrella, el decreto que regula los contratos de alquiler de vivienda, aprobado in extremis por el Ejecutivo socialista en marzo del pasado año, antes de la disolución de las Cortes por las elecciones generales del 28 de abril. El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado dos disposiciones adicionales del citado decreto al considerar, según fuentes jurídicas, que el Ejecutivo «no ha justificado» la necesidad de acudir a decreto ley para adoptar unas medidas –entre ellas la «movilización de suelo público» para promover la vivienda de alquiler a un precio asequible o el impulso de acuerdos entre Administraciones– cuya puesta en práctica «no se acredita» que precisen de una norma de rango de ley. La utilización del decreto ley, insiste el TC según esas mismas fuentes, «solamente será constitucionalmente legítima si la norma reglamentaria no permite dar la respuesta urgente que requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver». Algo que, entienden los magistrados, obligaba al Gobierno a «razonar» los motivos para recurrir al decreto ley. «Como en este caso no existe esa justificación», concluye el TC, debe ser acordada «inconstitucional y nula» la disposición primera.

Sin embargo, el Alto Tribunal sí avala –en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho– las razones de «urgencia» y de «extraordinaria necesidad» invocadas por el Ejecutivo. Los magistrados concluyen, apuntan las fuentes consultadas, que «no es posible apreciar una creación artificial o ad hoc por el Gobierno de la situación de urgencia», como denunció el PP, por lo que descarta «un exceso en el margen de apreciación» por parte el Ejecutivo de esa potestad para legislar mediante decreto por motivos de urgencia y necesidad.

La disposición primera, declarada inconstitucionales, contempla asimismo la «modulación de los instrumentos financieros» del Plan Estatal de Vivienda para, entre otros objetivos, impulsar «la cesión de derecho de superficie sobre suelo público». Otras medidas que incluye son la agilización de las licencias urbanísticas y el respaldo al régimen de vivienda en alquiler.

La disposición tercera, también anulada, incluye medidas para flexibilizar la duración de los convenios para la ejecución de infraestructuras públicas.

El Gobierno de Sánchez esgrime en el preámbulo del decreto hasta cinco motivos para justificar las razones de «urgencia» y «extraordinaria necesidad». La principal, la «grave situación de vulnerabilidad económica y social de un gran número de familias y hogares para afrontar los pagos de una vivienda en el mercado». El Ejecutivo también incidía en que el incremento de los precios (más de un 15% en los últimos tres años) ha sido «particularmente intenso» en lugares donde se ha producido «una mayor actividad turística» (ligando ese fenómeno al boom de los pisos turísticos).

La escasez del parque de vivienda social y el aumento de un 5% anual de los desahucios vinculados a contratos de alquiler también son razones que el Gobierno puso sobre la mesa, como la necesidad de dar respuesta a las «deficiencias en materia de accesibilidad» de personas con discapacidad y movilidad reducida» en un contexto marcado por el «progresivo y alarmante envejecimiento de la población».