Pensiones

La OCDE y el FMI avisan: «Las pensiones españolas son muy generosas»

Los pensionistas reciben más del 72% de lo cotizado, Reclaman al Gobierno que no ligue la pensiones al IPC para siempre, que no suspenda el factor de sostenibilidad, que los autónomos coticen más para evitar bolsas de pobreza en la jubilación y que debe alargarse la edad de jubilación

La Comunidad registró 613.206 pensiones en enero, con una cuantía de 986,10 euros, un 1,6 por ciento más que en 2019
La OCDE advierte de la fragilidad del sistema de pensiones españollarazonMINISTERIO DE TRABAJO

Nueva advertencia de los organismos internacionales al Gobierno sobre sus planes para el sistema de pensiones. «Las pensiones españolas son muy generosas en un sistema que no es sostenible en el tiempo si no se afrontan reformas estructurales». Lo dicen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sendos informes que coincidieron ayer en el tiempo y en su contenido. Defienden ambos textos que la tasa de reposición de las pensiones españolas –el porcentaje del salario que representa la pensión que se cobra en la jubilación– es de los más altos de Europa. Según la OCDE, representa el 72,3% de los cotizado durante la vida laboral del trabajo –el 81,8% si se incluyen también las pensiones más altas–. «Sostener las pensiones en el futuro será un esfuerzo demasiado grande para las nuevas generaciones. El gasto social por sí solo no puede reducir la desigualdad, y los esfuerzos también deberían dirigirse hacia un mercado con una vida laboral más larga», defiende el FMI en su último informe «Efectividad y equidad en el gasto social: el gasto de España». En él reclama al Gobierno reformas en el sistema español y el desarrollo de sistemas complementarios, como la «mochila austriaca».

Proyección de la población en edad de jubilación y tasa de reposición
Proyección de la población en edad de jubilación y tasa de reposiciónTeresa Gallardo

Similares conclusiones presentó ayer en Madrid Hervé Boulhol, director del comité de Pensiones y Política Social de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). «España debería de prescindir del factor de sostenibilidad si quiere mantener la viabilidad y solvencia de las pensiones. Debe tener en cuenta el envejecimiento poblacional. Poder jubilarse a los 65 años con la pensión completa quizá no será posible a largo plazo si no se toman medidas». Aunque no quiso hacer una crítica directa a las intenciones del Gobierno de ligar las pensiones a la inflación de forma indefinida, sí que manifestó que su revalorización «no podrá mantenerse siempre al mismo nivel de la inflación. Puede ser muy injusto, sobre todo si la contribución al sistema ha sido muy alta durante la vida laboral, pero no ligarlas al IPC puede ser la única forma de salvarlas».

Factor de sostenibilidad

Por ello, la OCDE pide al Gobierno indexar las pensiones al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) porque «mejorará la sostenibilidad financiera. No hacerlo así y hacerlo a la inflación puede dar problemas a medio plazo». Y lo tiene claro: el envejecimiento será el gran lastre que puede gravar la sotenibilidad, máxime cuando en España se ha acentuado a mayor velocidad que en el resto de países más desarrollados. La pirámide poblacional está provocando que el mercado laboral tenga cada vez menos trabajadores en activo por cada pensionista, en nuestro caso de apenas dos personas en edad de trabajar por cada jubilado, y esta situación se irá agravando con la proyección que este organismo ha hecho hasta 2060, cuando la generación «baby boom» haya culminado su retiro.

Pablo Antolín, encargado de la unidad de pensiones privadas de la OCDE, señaló cuatro ejes de actuación que el Gobierno de Pedro Sánchez debería plantearse: vincular la revalorización a la esperanza de vida –retrasar la edad de jubilación–, ajustar la tasa de reposición –lo que se cotiza y lo que se recibe, que la OCDE entiende que en España es «muy generosa», de las más altas de Europa-, aumentar los ingresos –sea por impuestos u otros medios– y fomentar planes alternativos al sistema público.

Como una medida efectiva para solucionar los problemas de liquidez del sistema de pensiones español -agotado ya el fondo de reserva y teniendo que recurrir a la financiación para cubrir las nóminas-, la OCDE propone que “algunas partidas que en este momento son asumidas por la Seguridad Social se paguen con impuestos y no con cotizaciones”, aunque resalta que esta solución sólo sería válida a corto plazo. “A largo plazo hacen falta medidas de calado sobre la propia estructura del sistema”.

Los autónomos deben cotizar más

También pusieron énfasis los representantes de la OCDE en la situación de los autónomos, que en el caso de España suma muy altos niveles de precariedad, tanto durante su vida laboral -criticaron “la alta precariedad y la generalizada temporalidad que sufren”- como en su jubilación, por lo que incidieron en la necesidad de que los trabajadores por cuenta propia coticen en función de sus ingresos reales para que puedan tener acceso a mejores pensiones, similares a las de los asalariados. “La cotización de los autónomos debe ir acercándose a la de los asalariados. Si no fuera así, los autónomos sufrirán grandes bolsas de pobreza en su jubilación por sus bajas cotizaciones. El Gobierno deberá fomentar el aumento de éstas con medidas correctivas”.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) y anfitrión de la presentación, Ángel Martínez-Aldama, pidió al Gobierno que fomente “un marco fiscal estable y estimulante que promueva el ahorro financiero dedicado a la jubilación” y reclamó que se envíe a los trabajadores actuales la información sobre su pensión estimada para que tengan idea de cuáles serán sus ingresos futuros. “Deben tener conciencia de lo que les corresponderá para que puedan tomas medidas a largo plazo”. Además, señaló la necesidad de implantar un sistema privado voluntario de autoadhesión en las empresas, similar al que se ha desarrollado en Reino Unido, que estimule el ahorro para la jubilación con exenciones fiscales de las rentas financieras.