Hoteleros y promotores inmobiliarios, hartos de la presión fiscal de Torra y Colau

Cataluña es la región española que más intervencionista y con más impuestos propios -tanto autonómicos como municipales- y, por ello, la que más recauda. Según el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de 2019, realizado por el Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (REAF), fueron 610 millones de euros los ingresos de estos tributos en 2017 -el último año contabilizado-, una cantidad nada desdeñable y que en Cataluña siguen en aumento y ya están provocando protestas generalizadas entre los empresarios, que en algunos casos, como los promotores inmobiliarios o los hoteleros, han amenazado con ir a los tribunales.

Los hoteleros de Barcelona consideran abusivo el aumento de la tasa turística consensuado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, un recargo de hasta cuatro euros que podría suponer un aumento de las cargas impositivas del 650% a los hoteles de mayor categoría. Jordi Mestre, presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, y el director general de los hoteleros de la ciudad, Manel Casals, manifestaron su total oposición a este incremento y amenazan con iniciar acciones legales contra él. Los hoteleros argumentan que si este aumento sale adelante -la habilitación legal del recargo va incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2020- su competitividad se podría ver afectada respecto a otras ciudades. Para los hoteleros, el gran problema de Barcelona son los pisos turísticos, “los legales y los ilegales”, que atraen a un tipo de turista “que consume poco y destaca por su incivismo”.

Un decreto de vivienda “inconstitucional”

Tampoco están muy contentos los promotores inmobiliarios. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha anunciado que actuará contra el nuevo decreto de vivienda aprobado por la Generalitat de Cataluña por considerarlo “inconstitucional”. Este decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado en el Parlamento de Cataluña obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los “okupas” que lleven en la casa seis meses de ocupación, eleva al 40% el porcentaje de suelo destinado a VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona y eleva algunos gravámenes. Según APCE, la actividad en Barcelona ha caído un 55% en inicio de obra nueva y ha abogado por dejar de lado los “mensajes cortoplacistas y populistas”. En esa línea, reclaman prudencia a la hora de poner topes a los precios de los alquileres, una vez que se ha comprobado que en otras ciudades como París y Berlín el efecto conseguido ha sido contrario al que se pretendía. También han advertido de que, si las nuevas medidas no se llevan a cabo con seguridad jurídica y con un “margen razonable” de beneficio para los promotores, los concursos “quedarán desiertos”.