El Gobierno aprobará en breve las tasas Google y Tobin pese a sus efectos nocivos para los consumidores

El Gobierno tiene prisa por aprobar los gravámenes a la banca y a los servicios digitales, las conocidas como “tasa Google” y “tasa Tobin”. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que ambos impuestos “están listos” y se aprobarán “en los próximos Consejos” de Ministros. Preguntada en los pasillos del Congreso de los Diputados por la tramitación de estos proyectos de ley que contempla aprobar el Ejecutivo, la titular de Hacienda ha afirmado que ambas leyes ya han completado su fase de audiencia pública y “han pasado todo el procedimiento”, al igual que la nueva ley contra el fraude fiscal. Montero, que ha acudido a la Cámara Baja para asistir a la primera sesión de control al Gobierno de la legislatura, ha declinado eso sí, determinar una fecha fija: “No lo sé, porque la planificación es dinámica”, ha replicado.

Dado que la posible aprobación de los Presupuestos Generales del estado parece que irá para largo, la aprobación de ambas tasas permitiría al Gobierno generar unos hipotéticos ingresos adicionales con los que afrontar gastos extra como el incremento de las pensiones o la subida salarial de los funcionarios.

El cliente, el perjudicado

El Gobierno de Pedro Sánchez ya presentó estos dos impuestos ante las Cortes antes de quedar en funciones por la convocatoria anticipada de elecciones, pero ambos proyectos de ley decayeron por la disolución de las Cámaras. La “tasa Google” está encaminada a que grandes compañías como Amazon o Google tributen en aquellos países en los que tienen actividad. El Gobierno de Pedro Sánchez calcula que el nuevo impuesto podría reportar a las arcas públicas unos 1.200 millones de euros. Sin embargo, el sector digital ya ha advertido de que tendría efectos muy nocivos para su actividad. Un informe de PwC encargado por Ametic y Adigital considera que podría tener un impacto negativo que podría rondar los 700 millones de euros para el PIB nacional. Además, advierte de que, en último término, serán los consumidores los que la paguen, pues las empresas transferirán sus costes al precio de sus productos. La tasa también puede abrir una importante crisis en las relaciones contra EE UU. La administración de Donald Trump se ha rebelado ya contra los planes de países como Francia de imponer tasas similares y ha contragolpeado con la imposición de aranceles. La contundente respuesta ha llevado al Gobierno galo de Emmanuel Macron a congelar el impuesto a cambio de que EE UU no imponga más aranceles. La idea es dar tiempo a que la OCDE tenga lista una propuesta global, que debería estar lista antes de fin de año. Una opción que EE UU ha aceptado a regañadientes. La UE también intentó, sin éxito, pactar el impuesto. Pese a las advertencias realizadas por Washington, el Gobierno de Sánchez ya advirtió meses atrás de que impondría en solitario la medida si no se llegaba a un acuerdo en el seno de la UE o la OCDE.

El impuesto a las transacciones financieras, conocido como “tasa Tobin”, ya está vigente en Francia y en Alemania lo estará en 2021. Esta tasa gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Los cálculos del Gobierno apuntan a una recaudación de unos 850 millones de euros. Pero, como en el caso de la “tasa Google”, los clientes son los que se exponen a salir más perjudicados. Un informe del Tribunal de Cuentas francés asegura que así ha sido en el país galo, donde este impuesto está vigente desde 2012.