Iglesias recupera la promesa de la renta mínima universal y garantizada

Era una de las promesas electorales estrella de Podemos. Pero desde que Pablo Iglesias entró en el Gobierno no se había vuelto a hablar de ella. Pero ayer, en su primera comparecencia en el Congreso soltó la bomba: habrá un ingreso mínimo estatal para todos los hogares “lo antes posible”. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprovechó la comparecencia -a petición de PP, Cs, ERC y Vox- para delimitar las prioridades de su departamento durante los próximos meses, entre las que ha citado un plan de choque para impulsar la dependencia y una ley de los Servicios Sociales.

Pero fue la renta mínima vital la que centró la máxima atención. “Será una prioridad absoluta del Gobierno implementar la prestación pública estatal que garantice un ingreso mínimo vital para todos los hogares”, confirmó Iglesias. Entre las razones que adujo para justificar la implementación de esta medida expuso que el sistema actual, gestionado por las comunidades autónomas, cuenta con bajos niveles de cobertura y funciona de manera “descoordinada y con grandes desequilibrios”, además de tener que cumplir con unos “controles y requisitos” que el estima excesivos.

El vicepresidente, que no explicó cómo se va a financiar ni los tiempos de ejecución, sólo confirmó que será la caja de la Seguridad Social la que se haga cargo de estas nuevas prestaciones. “Esta prestación estatal de la Seguridad Social mejorará sustancialmente la implantación de una garantía de ingresos como un derecho ciudadano para toda la población”. Por ello, en los próximos días los equipos trabajo de Derechos Sociales y de Seguridad Social se “pondrán a trabajar” para organizar este derecho ciudadano para toda la población”, recalcó Iglesias.

La intención de su Ministerio es reducir en “al menos un 75%” la lista de espera de atención a la dependencia durante la legislatura, tal y como contemplaba el acuerdo de Gobierno entre PSOE y su partido. Según ha recordado, en España hay 1,4 millones de personas que tienen reconocido el derecho a la prestación por dependencia, pero en torno a 265.000 aún no perciben la ayuda que les corresponde.