La UE pide a España que no derogue la reforma laboral

Bruselas envía un serio aviso al ejecutivo de Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos y lanza una alerta sobre los peligros de emprender una contrarreforma tanto en el ámbito de las pensiones como en el del mercado laboral. En un informe detallado de más de 100 páginas, el Ejecutivo comunitario afirma que la sostenibilidad fiscal de España está en riesgo a medio plazo y concluye que la vinculación de las pensiones a la subida de los precios, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los jubilados, puede tener un coste de hasta cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB) de aquí al año 2050. Esta cifra va en consonancia con los vaticinios del Banco de España, el Fondo Monetario Internacional y el «think tank» Fedea.

Además, el informe recuerda que «el nuevo Gobierno ha anunciado también su intención de eliminar el mecanismo de sostenibilidad previsto en la reforma de 2013 y que ajustaba el nivel de la pensión inicial a cambios en la esperanza de vida. Según las estimaciones preliminares del Ejecutivo comunitario, esto añadiría al menos un 0,7% del PIB al gasto a largo plazo en pensiones. Estas dos medidas suponen para Bruselas «beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las generaciones futuras, a no ser que se pongan en marcha medidas compensatorias» que el documento no detalla.

Demasiados temporales

En cuanto a los cambios que el Gobierno español quiere introducir en la reforma laboral, la Comisión Europea recuerda que a pesar de la recuperación del empleo tras los peores momentos de la crisis, el desempleo sigue siendo «muy alto», sobre todo en los jóvenes y en los trabajadores poco cualificados, lo que hace necesarios planes de apoyo para estos segmentos. Además, mete el dedo en la llaga sobre el alto porcentaje de contratos temporales, el mayor dentro del club comunitario, con un 26%. Para la Comisión, esto tiene un «impacto negativo» en la formación de los trabajadores e impide el aumento de la productividad. «Los contratos temporales son cada vez más cortos y se utilizan en sectores con poca estacionalidad. Los subsidios al empleo no son efectivos para promover puestos de trabajo estables», amonesta el texto.

De momento, el Ejecutivo español se ha limitado a anunciar que derogara los aspectos más lesivos de la reforma laboral, como la prohibición de despedir a un empleado tras una baja por enfermedad, pero no ha ofrecido un plan detallado de los cambios. Bruselas, de momento, hace un anuncio a navegantes al señalar que «el nuevo Gobierno también ha anunciado su intención de revisitar aspectos de la reforma laboral del año 2012, que ha sido reconocida como puntal de la fuerte creación de empleo durante la recuperación». Por eso, la Comisión Europea pide una «evaluación cuidadosa» de cualquier nueva medida con el objetivo de no revertir los logros conseguidos. Sobre la subida del salario mínimo, Bruselas es cauta a la hora de valorar sus consecuencias, aunque puntualiza que los datos de las afiliaciones a la Seguridad Social indican que ha tenido efectos negativos en sectores como la agricultura o el trabajo doméstico.

Por lo demás, el análisis realiza un repaso de los males endémicos de la economía española y repite muchas de las acusaciones vertidas informe tras informe, sin apenas cambios: baja productividad, endeudamiento, falta de ayudas a las familias, alto porcentaje de población en riesgo de pobreza (sobre todo entre los niños), ausencia de inversión en I+D tanto en el sector público como en el privado, malas conexiones energéticas y de ferrocarriles y la fragmentación normativa que daña la unidad de mercado dentro del país y perjudica a la economía. En cuanto a la abultada deuda pública, el informe señala que España se sitúa en la lista negra europea, en la que figuran países como Italia, Bélgica y Francia. En su opinión, no han aprovechado lo suficiente los vientos a favor del Banco Central Europeo de los últimos años (con su política moneratia expansiva) para reducir sus ratios de endeudamiento.

Para cuadrar las cuentas públicas y hacer frente al aumento del gasto público anunciado por el Gobierno, Bruselas considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene margen de maniobra en la subida de impuestos, aparte de la «tasa Google» y el nuevo impuesto a las transacciones financieras, cuyo impacto todavía no ha sido analizado por la Comisión Europea. Por eso, señala como buenas opciones el alza en los impuestos al consumo (acotar los tipos reducidos y superreducidos del IVA), a la propiedad y el medio ambiente, ya que estos incrementos, según Bruselas, tienen un «impacto relativamente limitado en el crecimiento económico». En este último epígrafe, la Comisión sostiene que “los ingresos por los impuestos ambientales de España siguen estando entre los más bajos de la UE” y concluye que “España es uno de los estados miembros más expuestos al cambio climático” , por lo que pide la inversión en infraestructuras para el agua y la gestión de residuos a la vez que recuerda la necesidad de mejorar la calidad del aire en las áreas urbanas.