La receta del Gobierno para las pensiones: pagar el agujero con impuestos y subir la edad real de jubilación

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reiteró ayer la misma receta que se repite una y otra vez desde que el sistema de pensiones entró en barrena con la crisis: hay que eliminar gastos impropios del sistema de cotizaciones. Pero limpiar la Seguridad Social no sale gratis. Casi 12.000 millones de gastos, el 70% del déficit, se abonan con cargo al sistema sin que nadie haya cotizado estrictamente por ellos. Lo sabía muy bien la socialista Magdalena Valerio, última ministra de Trabajo y Seguridad Social antes de que se desgajara el ministerio, quien ya ofreció la misma fórmula durante su ejercicio y que asistió de oyente a la primera comparecencia de Escrivá ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. Aunque el ministro anunció que se guarda el grueso de sus propuestas para el Pacto de Toledo, donde comparecerá la próxima semana, ya avanzó que no iniciará la necesaria revolución para asegurar la sostenibilidad del sistema porque, si bien es cierto que buena parte del agujero se produce porque la Seguridad Social está «sobrecargada», en sus propias palabras, también lo es que al sistema se le aproxima el «tsunami» de las jubilaciones del «baby boom», ante el que hay que actuar antes de que sea tarde. En cualquier caso, el ministro de las pensiones defendió que «la Seguridad Social es solvente y sólida» y que su único problema proviene de los gastos que son ajenos a su propio funcionamiento, como las políticas activas de empleo, que «deberían estar a cargo» de los Presupuestos Generales del Estado ya que «merman el sistema de cotizaciones». Pero aunque a Escrivá le asiste la razón cuando asegura que las cuentas de la Seguridad Social están saneadas y presentan saldo positivo el futuro de su sostenibilidad no depende solo de aligerar los gastos ajenos al sistema de cotizaciones. Quizá por eso propuso parches menores, como su intención de reducir el gasto en Incapacidad Temporal. «La Seguridad Social se gasta 300 millones al año en incentivos a las comunidades autónomas para la Incapacidad Temporal y, con toda seguridad, hay margen para utilizarlos mejor», remarcó. Otra de las medidas que avanzó es la intención de su departamento de explorar una «palanca muy importante» como es la posibilidad de ofrecer incentivos positivos para retrasar la edad real de jubilación. En este sentido, recordó que en España la edad real de jubilación está entre los 65 y los 67 años, mientras que la edad efectiva es «mucho más baja». De hecho, la edad media a la que los jubilados empiezan a cobrar la pensión ronda los 64,5 años. «Existen instrumentos de la Seguridad Social para propiciar de forma voluntaria jubilaciones más largas que apenas se están utilizando o que incluso no son conocidos», explicó.

Escrivá se extendió más sobre las otras dos patas de su ministerio al margen de las pensiones. Así, admitió que el Estado es «ineficaz y mediocre» en la lucha contra la desigualdad entre los españoles y anunció que su cartera establecerá un Ingreso Mínimo Vital para cuyo diseño se recogerán los «infrautilizados» instrumentos disponibles de la administración, entre ellos los «heterogéneos» programas de las 17 comunidades autónomas, que no generan «los niveles de cohesión suficientes».

A su entender, ese Ingreso Mínimo Vital tiene que ser «flexible» porque hay necesidades distintas de inclusión; «eficaz», para que se beneficien los colectivos más vulnerables y «suficiente», porque «nos vamos a poner una meta para la reducción de la desigualdad». Sobre el dinero del que dispondrá para tal fin, Escrivá se puso la venda antes que la herida. «Mi impresión es que con menos dotación de la que se presupone se pueden lograr los objetivos».

Escrivá recordó a los distintos grupos políticos que en los últimos diez años el indicador de desigualdad ha empeorado. En este sentido, afirmó que países como Portugal o Grecia han conseguido en este periodo reducir la desigualdad. «Si miramos la parte más baja de la distribución, la de aquellos cuyos ingresos representan el 30% de la renta media, España es el país europeo ubicado en la peor posición». Según el ministro, España parte de una situación «muy deficiente», con políticas públicas «muy poco eficaces para reducir la desigualdad». «La intervención del Estado es ineficaz, mediocre y genera un círculo vicioso», manifestó.

Respecto a la inmigración, explicó que el Gobierno está estudiando convertir edificios en desuso, tanto privados como públicos, en centros de acogida de inmigrantes y asilados, lo que podría incluir los 4.000 inmuebles que la Sareb –el banco malo, al que fueron a parar propiedades de la banca que recibió ayudas–, tiene comprometidos con regiones y ayuntamientos.