El Gobierno baraja aplazar el pago de las hipotecas como Italia

El coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en la economía mundial, con medidas extraordinarias que no se tomaban desde la II Guerra Mundial y con un efecto sobre los mercados financieros que no se recordaban desde la gran crisis de 2008. Por ello, y ante la expansión exponencial e incontrolada que esta epidemia esta teniendo en España, el Gobierno aprobará hoy un paquete extraordinario de medidas económicas destinado a paliar el impacto negativo que la crisis sanitaria está causando a empresas y trabajadores. El propio presidente Pedro Sánchez hizo un adelanto el pasado martes, pero el grueso se conocerá tras consultarlo hoy con los agentes sociales, sindicatos (CC OO y UGT) y patronales (CEOE y Cepyme).

El Gobierno ha guardado con celo el plan que se pondrá en marcha, que complementará con medidas adicionales las que ya presentó el presidente Sánchez para las «familias trabajadoras» que se vean afectadas por la expansión del coronavirus. De momento, lo que se sabe es que se apoyará la flexibilidad laboral para que las empresas no tengan que recurrir a despidos generalizados; que se facilitará liquidez a las empresas que tengan tensiones de caja o problemas de solvencia –se hará a través de los fondos ICO–; que se aliviará la carga fiscal de las empresas con el fin de evitar despidos; y que se habilitarán ayudas para las familias que agoten sus prestaciones sociales o que lo necesiten –incluida una prestación extraordinaria de la Seguridad Social para compensar a los padres que tengan que perder horas de trabajo para cuidar a sus hijos ante el cierre de colegios, adelantada ayer por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá–.

Aplazamientos fiscales

Pero se preparan muchas más. Según ha podido saber LA RAZÓN, entre las medidas más importantes que estaría estudiando el Ejecutivo estaría la aprobación de aplazamientos fiscales que faciliten el cumplimiento tributario, entre los que podría incluirse la demora en el pago de IRPF de trabajadores y autónomos afectados por el aislamiento sanitario, y el aplazamiento en el pago de impuestos de empresas afectadas en sus balances. En cuanto a la moratoria de tres mensualidades en el pago de la cotizaciones a la Seguridad Social –que podrán ser abonadas en el plazo de un año, a contar desde su devengo, sin recargos ni intereses de ningún tipo–, ésta podría ampliarse hasta un año si los afectados se encontraran en las zonas consideradas de más alto riesgo –en estos momentos la Comunidad de Madrid, La Rioja y País Vasco–.

Aplazar hipotecas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también estaría barajando intervenir en el mercado hipotecario –con aplazamientos de los pagos mensuales de las hipotecas–, como ya se ha hecho en Italia, pero bajo condiciones muy estrictas. En principio, solo tendrían derecho a esta suspensión temporal trabajadores implicados en regulaciones de empleo por culpa del coronavirus o quienes hayan tenido reducción obligatoria de jornada y de sueldo un mínimo de 30 días. La demora de estos pagos podría dilatarse entre seis y 18 meses. Cuando la medida deje de tener efecto se reiniciarán las condiciones interrumpidas, por lo que volverán a abonarse los mismos importes y con la misma periodicidad. Fuentes cercanas al Gobierno manifestaron que no se decidirá hasta el último momento si esta medida será aplicada en este primer plan de choque o se dejará para una segunda batería de medidas si la situación sanitaria y económica empeoran.

Enfermedad profesional

En lo que respecta a las condiciones laborales, lo que se sabe es que el contagio o el aislamiento preventivo será considerado incapacidad temporal por enfermedad profesional –lo que permitirá a los afectados cobrar la prestación con un mayor porcentaje del salario (el 75% de la base reguladora en vez de 60%), desde el primer día y con cargo a la Administración–. Fuentes de Trabajo informaron de que se repondrá a los trabajadores afectados por suspensiones temporales de empleo el tiempo de la prestación de desempleo que consuman durante el ERTE, por lo que no les contará como recurso consumido. Desde el Ejecutivo se ha advertido que estarán «muy vigilantes» para evitar que las empresas utilicen la flexibilidad laboral para «ir contra los derechos laborales de los trabajadores».

El plan contemplará también medidas específicas para los sectores más afectados, sobre todo el turismo, el transporte y la industria, los más sensibles a esta crisis. El Gobierno estaría valorando la aplicación de una bolsa de ayudas económicas directas, que podrían superar los 5.000 millones de euros en una primera fase, ampliable a otros 5.000 si la situación lo requiriera.

El Gobierno espera que la flexibilización de las normas de contención del gasto público por parte de Bruselas y la inyección de liquidez del BCE sirvan para aumentar el margen de actuación para hacer frente a esta crisis.