El Gobierno baraja eximir a empresas y autónomos de pagar cotizaciones y estudia pagar un desempleo generalizado

El Ejecutivo permitirá cobrar el paro aunque no se haya cotizado lo suficiente. Economía prepara una inyección inmediata de 30.000 millones en créditos y avales

Spanish PM will chair Coronavirus Technical Management Committee
El Consejo de Ministros aprobará el martes estas medidasJOSE MARIA CUADRADO JIMENEZ / SPEFE

El Gobierno ultima las medidas económicas de su plan de choque que aprobará mañana en el Consejo de Ministros, entre ellas algunas de las mas esperadas por empresarios, autónomos y sindicatos. Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, el Ejecutivo estaría dispuesto a asumir la concesión de la prestación por desempleo para todos los sectores productivos -incluidos los autónomos por cese de actividad, para los que se agilizarán y suavizarán los trámites-, y lo haría sin exigir periodo de carencia, plazos mínimos o cotizaciones insuficientes. Además, se aprobaría la suspensión temporal del pago de cotizaciones a las empresas implicadas en cierres y regulaciones de empleo, y autónomos con trabajadores a su cargo que hayan paralizado su actividad, y legislaría mediante medidas exprés una normativa especial para agilizar los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) por causalidad. También se aprobarán líneas de crédito y de avales a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para aquellas empresas que lo soliciten para hacer frente a sus gastos por falta de ingresos -con un volumen de 30.000 millones de euros, ampliable otros 20.000 si fuera necesario-, con un interés reducido y con un periodo de devolución por determinar, pero que será "muy amplio”, explicaron las mismas fuentes. Atenderá de este modo el Ejecutivo a las peticiones solicitadas por los agentes sociales -patronal y sindicatos-, que enviaron su propio plan de medidas consensuado en el que recogían estas y otras medidas adicionales, que parecen haber sido atendidas.

Las organizaciones de autónomos -ATA, UPTA y Uatae- también enviaron sus propias propuestas, al ser uno de los sectores donde el impacto de esta crisis va a ser más virulento. Las dos principales peticiones eran que se reconozca una prestación por desempleo de forma directa y que se paralicen las cotizaciones sociales al 100%. Ambas, según fuentes cercanas al Gobierno, han sido atendidas, a falta de confirmación oficial.

De momento, no ha trascendido si entre las nuevas medidas del Gobierno se aplicará la suspensión temporal de los pagos mensuales del gas, la luz, el agua y las hipotecas de empresas, autónomos y trabajadores afectados por el coronavirus, pero parece poco probable que se lleve a cabo en este primer paquete de medidas. Las que sí están casi confirmadas son las medidas fiscales. Ya se pueden aplazar algunos pagos tributarios. Estos aplazamientos tributarios se conceden por un plazo de seis meses -el Ejecutivo podría mañana ampliar este período-, pero las empresas tendrán la opción de devolver el dinero a los 90 días y no abonar nada en intereses en este plazo de carencia. Además, las pymes y los autónomos podrán solicitar también el aplazamiento por conceptos que hasta ahora eran inaplazables, como las retenciones del IRPF, las cuotas repercutidas de IVA y los pagos fraccionados del impuesto sobre Sociedades. Además, los agentes sociales han solicitado el aplazamiento o fraccionamiento tributario automático; el abono inmediato a los proveedores de las facturas pendientes sin agotar los plazos que fija la ley de morosidad; y la aceleración de las devoluciones tributarias pendientes.

El Ministerio de Economía está ya evaluando la factura que va a suponer la puesta en marcha de todas estas medidas. Fuentes cercanas al Gobierno hablan de ya de un impacto directo de más 100.000 millones de euros en las arcas públicas, tanto por la reducción de ingresos fiscales y por la paralización de las cotizaciones sociales como por el gasto extra que se va a tener que hacer frente, sobre todo si finalmente el Estado asume parte de las implicaciones económicas que suponen los expedientes de regulación y abre líneas especiales de financiación. A esto habría que sumar el incremento exponencial de las prestaciones sociales, principalmente las de desempleo, que crecerán por encima de las cifras alcanzadas en los peores años de la crisis, cuando en 2010 se superaron los 34.000 millones de euros. Por tanto, los 19.020 millones que se pagaron en 2019 serán superados de largo si esta crisis se mantiene en el tiempo

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, parece haber impuesto finalmente el criterio que ya adelantó en la guía de actuación que publicó en el inicio de la crisis sanitaria. En ella autorizaba a las compañías que se vieran necesitadas de paralizar su actividad empresarial por causa directa del coronavirus a suprimir todos los pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social durante el periodo total de cierre -ahora han incluido también a las pymes y autónomos-. Eso sí, deben acreditar «debidamente» que sea por «fuerza mayor», como establecen los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Esta medida, que debe ser autorizada por la Inspección de Trabajo, garantizará que el período liberado de cotización contará como «efectivamente cotizado por el trabajador». En el caso en el que se produzcan despidos, «las indemnizaciones correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)». Trabajo habilitó tres fórmulas para poder solicitarlo: teletrabajar con «carácter temporal y excepcional» hasta que pase la situación de riesgo; suspender de forma total o parcial la actividad con un expediente de regulación de empleo temporal, en tanto en cuanto «la causa productiva, técnica u organizativa no afecte a la totalidad de las horas o días de trabajo»; y suspender la actividad sin tramitación de un expediente de regulación. En este caso se aplicaría lo previsto en el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que los empleados conservarán su salario completo.

Todas estas medidas deberán ser confirmadas hoy en el Consejo de Ministros que presidirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.