Sánchez Llibre: «Prohibir el despido es dudar de los empresarios y traspasar una línea roja»

Con sentido de Estado «crítico», el presidente de la patronal catalana Foment del Treball y vicepresidente de la CEOE, demanda al Gobierno «más reflejos» para suspender impuestos y preparar a todos los sectores para la recuperación más rápida posible.

–Se ha decretado el confinamiento de todos los trabajadores de los sectores no esenciales. ¿Qué le parece este endurecimiento?

–Cualquier medida adicional tiene que tener en consideración que el país no se puede parar económicamente. Un paro total sería desproporcionado y, además, traería consecuencias más nocivas, como poner en riesgo todavía más puestos de trabajo. A estas alturas, casi todo lo que queda en pie es esencial. Nosotros no estamos de acuerdo con la paralización total de la actividad, no se trata de una medida proporcional. Si se ha tomado esta decisión, el presidente tendrá sus motivos. Lo más grave es que se haya hecho sin consultar en la mesa de diálogo social.

–¿Qué sectores consideran los empresarios esenciales?

–De los que quedan en funcionamiento a día de hoy, hay pocos que se puedan parar. El sector agroalimentario no se puede parar por razones obvias y, ligado a este, otros tantos, desde el envasador, el plástico, el papelero, el de transporte, la distribución... La lista sería interminable. Además, se encuentran otros como el químico o el farmacéutico. Hay que tener en cuenta que el sector sanitario es muy transversal. Se habla de la construcción, pero hay obras estratégicas que tienen que seguir en pie, otras a las que hay que dar mantenimiento y un sinfín de servicios básicos que hay que seguir prestando.

–¿Qué sectores están resultando más castigados?

–La crisis afecta prácticamente a toda la economía. De durar mucho tiempo el confinamiento, tendría consecuencias gravísimas.

–¿Qué previsiones maneja?

–Estamos intentando no plantear previsiones catastrofistas. Quiero pensar que España podrá resistir la caída del PIB. No se va a quebrar el país. Por este motivo es urgente que el Gobierno ponga en marcha medidas que no dañen más el tejido empresarial español. Medidas fiscales orientadas a reanimar o mitigar las dificultades, como podría ser la suspensión de los tributos y la liquidación del IVA, IRPF, Sociedades y las cuotas a la Seguridad Social para este 30 de marzo. Esto es crucial para no quebrar más a los sectores más golpeados. Otras medidas como los avales cubiertos al 80% por el Estado y al 20% por la banca privada tienen que llegar ya.

–No parece que les estén escuchando demasiado.

–Al Gobierno le faltan reflejos. Lo que más necesitan las empresas es dinero en efectivo, por eso hay que suspender el pago de impuestos.

–¿Aplazamiento o eliminación?

–Esto hay que dejarlo muy claro: lo que pedimos los empresarios es la suspensión de las cuotas de marzo, abril y mayo. Pasado este tiempo, ya se decidiría el mejor momento para reintegrarlas a Hacienda.

–Hay sectores, como el turismo, donde la recuperación puede retrasarse bastante más allá del control de la pandemia.

–Sectores muy ligados a la confianza. Por eso, la primera decisión debe ser inyectar liquidez al sistema. Ahora hay que preservar el tejido empresarial español y proteger su musculatura productiva.

–¿Defienden mantener la producción industrial que pueda almacenarse?

–Es vital. Las industrias estratégicas están aprovisionadas por otras industrias de otros sectores menores. La rotura de «stocks» afectará finalmente al consumidor. Obviamente, debe hacerse con todas las medidas de gran seguridad para los trabajadores.

–¿Consideran ilegal la prohibición de despedir aprobada por el Gobierno?

Este Real Decreto planteado por el Gobierno es de dudosa constitucionalidad. Es una decisión precipitada, unilateral, que atenta a la libertad de empresa y que las aboca al concurso de acreedores y a su liquidación. Además, esta decisión cuestiona la honorabilidad de los empresarios. Es inadmisible y pone a los empresarios sobre la diana del fraude. Ningún empresario aprovecharía este drama para despedir. No vamos a permitir que se cuestione nuestra honorabilidad. Recurriremos en la tramitación parlamentaria esta decisión.

–¿Plantearán un recurso de inconstitucionalidad si sale adelante?

–Lo estamos estudiando. Sobre todo, porque esto quiebra la confianza que tendría que existir entre el Gobierno y los empresarios en un país libre y democrático. Dudar del buen hacer de los empresarios españoles es traspasar una línea roja.