Estas son las actividades esenciales que no se paralizarán durante el estado de alarma

El Gobierno publicó a última hora del domingo en el BOE el Real Decreto que regula el permiso retribuido recuperable -esto es, que tendrán derecho a cobrar su salario aunque no ejerzan sus funciones siempre que recuperen las horas no trabajadas antes del 31 de diciembre-. En el documento, establece que los trabajadores por cuenta ajena deberán acogerse a este permiso laboral entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos inclusive) siempre que su trabajo no se desarrollo de las actividades denominadas como “esenciales” para afrontar la crisis del Covid-19.

La normativa establece, eso sí, una importante excepción. Podrán desarrollar sus funciones, sea cuál sea su área de actividad, “las personas trabajadoras que puedan continuar prestando servicios a distancia”. Es decir, aquellos trabajadores que se encuentren en régimen de teletrabajo. También quienes “tengan su contrato suspendido en el período indicado”. Es decir, quienes estén de baja no podrán acogerse a esta excepción del estado de alarma. Como también quienes trabajen en una empresa inmersa en un proceso de regulación de empleo.

Actividades esenciales

Según se recoge en el BOE, el permiso no se aplicará para las siguientes personas, pues sus actividades se consideran esenciales:

• Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas, que son:
  • Las que trabajen en establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.
  • Las que trabajen en actividades de hostelería y restauración con reparto a domicilio.
  • Las que trabajen en de transporte de mercancías en todo el territorio nacional.
  • Las necesarias para garantizar el tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos a aeropuertos, donde tendrán prioridad los productos de primera necesidad.
  • La que trabajen en servicios necesarios para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y de gas natural.
  • Las que trabajen en operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011 de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas.
  • Las que trabajen en aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales.
• Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
• Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
• Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
• Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.
• Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
• Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
• Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
• Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
• Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
• Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.
• Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
• Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
• Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
• Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.
• Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
• Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
• Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
• Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
• Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
• Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
• Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
• Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
• Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

Excepciones

Asimismo, el Ejecutivo establece una serie de excepciones:

• Las empresas cuya actividad no sea esencial podrán establecer un turno mínimo para el trabajo indispensable, con las jornadas habituales de fin de semana como referencia.
• También se facilitará la prestación de servicios el segundo día de aplicación del Real Decreto, el lunes 30 de enero, para poder ejecutar la su paro transitorio.
• Quienes lleven a cabo un servicio de transporte activo iniciaran su permiso una vez que terminen su trabajo.
• En cuanto a los empleados públicos, la aplicación de la normativa queda pendiente de las medidas concretas que deberá dictar cada área del Estado. En el caso de la Administración de Justicia, sus empleados “seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas” por la crisis de coronavirus.
• Por último, las empresas con contratos del sector público tampoco aplicará si su actividad se considera “indispensable para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos”.