Sánchez hipoteca a España

La crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus será el peor «shock» que haya sufrido España desde su Guerra Civil. De ahí que ciertamente necesitemos medidas dirigidas a minimizar las lesiones que puedan generarse en el largo plazo, pero desde luego no cualquier tipo de medidas. Ayer, el Consejo de Ministros alumbró un nuevo paquete de propuestas respecto al pago del alquiler por parte de los afectados de esta crisis, la situación de los autónomos, los planes de pensiones y los parados sin subsidio, entre otras cuestiones. Estas medidas se unen a las ya aprobadas por Moncloa en estas semanas de estado de alarma y que, en su conjunto, amenazan con hipotecar al país sin ofrecer un horizonte claro en torno a cómo se pagarán en el futuro.

Hasta la fecha, el Ejecutivo de PSOE-Podemos ha promovido tres categorías de políticas económicas: las orientadas a proporcionar liquidez a los agentes económicos, las concebidas para suplir fuentes de renta y las que buscan reactivar la actividad económica futura. El primer grupo de medidas –la provisión de liquidez– es esencial para que muchas empresas solventes en el largo plazo, pero que han visto derrumbarse sus ingresos en el corto plazo, puedan hacer frente a sus pagos más inmediatos. Sin liquidez, incluso los buenos modelos de negocio podrían terminar siendo desmembrados, en perjuicio de su capacidad futura para volver a generar riqueza. Ahora bien, no cualquier tipo de provisión de liquidez es aceptable, pues puede terminar convirtiéndose en un rescate encubierto a la empresa a costa de unos contribuyentes que ya están muy esquilmados. En particular, ¿cuáles han sido las decisiones tomadas por Sánchez? Dentro de este apartado, destacan primeramente los avales públicos para la deuda empresarial de hasta 100.000 millones de euros. El riesgo de la medida, claro está, radica en que se avalen a negocios insolventes, lo que terminaría perpetuando malos modelos de negocio e incrementando el déficit público.

Moncloa también ha puesto encima de la mesa el aplazamiento de impuestos y de cotizaciones sociales para autónomos, una medida razonable –no tiene sentido cobrar impuestos en un momento en el que se ha hundido la actividad del sector privado–, pero muy insuficiente. Por ejemplo, en materia fiscal sólo es posible aplazar hasta 30.000 euros. Respecto a la moratoria de hipotecas y alquileres, el Gobierno lo que ha hecho es trasladar los costes del aplazamiento de los pagos por hipoteca o alquiler a los acreedores, hasta el punto de que los grandes tenedores de vivienda puedan verse obligados a condonar la mitad del alquiler de sus inquilinos. El problema, por tanto, no se soluciona, sino que se traslada de unos agentes (deudores) a otros (acreedores). ¿Qué sucederá, por ejemplo, si los grandes tenedores de vivienda sufren, a su vez, de problemas de liquidez para pagar los salarios de sus trabajadores o las deudas con los bancos? Finalmente, la coalición ha diseñado la posibilidad de rescatar planes de pensiones, una política muy razonable puesto que si una parte de la población española tiene una porción de su patrimonio inmovilizado en estos planes de pensiones, lo lógico es que en estos momentos se permita su rescate anticipado en caso de desempleo o cese de actividad.

El segundo grupo de medidas –las orientadas a suplir las fuentes de renta– puede ser necesario para sostener a aquellas personas que vayan a quedar totalmente desamparadas durante los próximos meses como consecuencia del parón de la actividad económica. El Gobierno ha aprobado esencialmente dos: una prestación de desempleo extraordinaria para los afectados por un ERTE y una prestación de 440 euros para los trabajadores temporales en paro. El problema principal de esta segunda categoría de políticas es que el Gobierno no nos ha explicado cómo piensa pagarlas. A nadie se le escapa que los ingresos públicos se van a hundir a lo largo de 2020, lo que ya de por sí tendería a disparar el déficit público en un país donde la deuda estatal ya es demasiado elevada. Por eso, incrementar todavía más los desembolsos del sector público nos hace avanzar hacia una crisis de deuda, salvo que presentemos en breve un plan creíble y a largo plazo de ajuste presupuestario, algo que no parece que el Gobierno de Sánchez tenga la más mínima intención de hacer.

Y, por último, las medidas orientadas a reactivar la actividad económica futura deberían consistir en facilitar la supervivencia empresarial y potenciar su inversión cuando haya pasado la emergencia sanitaria actual, pero el Gobierno, de momento, ha preferido prohibir los despidos por causas económicas, lo que forzará a las empresas o a que recurran al despido improcedente (mucho más caro) o a que se acojan a un ERTE (el cual les impide despedir durante un período de medio año). Es decir, abocará a nuestras empresas a despedir todavía a más gente de la que necesitaban despedir. En definitiva, necesitamos un plan económico para contrarrestar los daños del coronavirus pero ese plan no es el de Sánchez. Más flexibilidad económica, menos cargas sobre las empresas y más rigor fiscal a largo plazo.