Los funcionarios denuncian al Gobierno ante el Supremo por homicidio imprudente

CSIF culpa al Ejecutivo del contagio y el fallecimiento de sanitarios por el coronavirus. Denuncia que no atendieron las advertencias de la OMS ni “hicieron acopio” de material de prevención. Señalan directamente al ministro de Sanidad, que podría sufrir una pena de cuatro años

Los funcionarios han estallado. A las denuncias de sobrecarga de trabajo que muchos departamentos han hecho por culpa del aumento indiscriminado de actividad laboral por la pandemia -como en el SEPE, la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias- se suma ahora la decisión de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de presentar ante la Sala de los Penal del Tribunal Supremo una denuncia contra el Gobierno de Pedro Sánchez -a la que se sumarán actuaciones jurídicas en todas las comunidades autónomas- por un delito contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral y lesiones, además de una más grave por homicidio imprudente. Se basa esta acusación en que las autoridades gubernamentales no atendieron los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -cita el sindicato las continuas peticiones de actuación urgente desde el pasado 3 de marzo y que fueron ignoradas- y tampoco se hizo el acopio necesario de material para prevenir y actuar contra las infecciones del Covid-19. “Por eso entendemos que los contagios y los fallecidos entre el personal sanitario pueden constituir, además de infracciones de la prevención laboral, responsabilidades por homicidio imprudente”, informan desde CSIF.

En concreto, la denuncia presentada explicita que “tan graves incumplimientos del deber por parte del Sr. Illa, además de suponer infracción de lo dispuesto en materia de prevención de riesgos laborales sobre seguridad y salud en los puestos de trabajo, vulnerando el derecho a la protección del trabajador frente a los riesgos laborales, por el incumpliendo el deber de protección que también incumbe las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio, podrían ser constitutivos del tipo penal previsto en los arts. 142 y 147, en relación con el art. 316 del Código Penal o, alternativamente, en el art. 317 del mismo cuerpo legal”. El artículo142 establece que "el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”. En su denuncia, CSIF solicita al tribunal que “proceda a abrir las diligencias correspondientes para la averiguación, esclarecimiento y comprobación de los hechos puestos en su conocimiento y ordene la práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos, a su gravedad y a la alarma social concurrente, y en su día tras los trámites legales oportunos se enjuicie a la persona o personas implicadas en los mismos”.

El presidente del CSIF, Miguel Borra, acusa directamente al Gobierno de que tengamos “tantos profesionales de la sanidad contagiados, muchos más que en otros países. Siempre hemos ido por detrás y no hizo caso de los llamamientos de la OMS para hacer acopio de material sanitario en los primeros momentos de expansión del coronavirus”, que tuvieron lugar a finales de enero y en febrero. En declaraciones a LA RAZÓN, Borra cree que el Gobierno ha respondido “tarde y mal. No se suspendieron actividades multitudinarias -como las del Día de la Mujer-, cuando la OMS ya advertía de los riesgos. Tardó en declarar el estado de alarma y eso provocó que llegara tarde a los mercados internacional a comprar los equipos de protección necesarios para los profesionales que están en primera línea”. Por ello, CSIF decidió acudir a la Justicia para poner nombres y apellidos a los responsables de no haber protegido al personal facultativo. “El Gobierno puede haber incurrido en delitos de lesiones y homicidio imprudente, entre otras figuras jurídicas. Lo que está ocurriendo en muchos hospitales, como el de Ifema, es indignante. Hasta el New York Times ha hecho una portada en la que llama a nuestros dirigentes kamikaces por lo que está ocurriendo en nuestros hospitales”.

Hasta el momento, casi el 15% del total de la población contagiada en España son profesionales sanitarios, más de 12.000 profesionales -entre médicos, enfermeras y personal auxiliar- una cifra muy por encima de la media del resto de países de nuestro entorno, incluso de la propia China, por lo que el sindicato piensa que “no se están aplicando las suficientes medidas de seguridad. El Gobierno debe garantizar la seguridad de todos los que están trabajando por nuestra salud". El sindicato ha exigido que, además de que los responsables de lo ocurrido paguen sus errores, se diseñen planes especiales de contingencia para crear una red de alerta y protocolos sanitarios para futuras crisis, además de dotar de mejores medios de protección a sus trabajadores. “La clase política debe aprender a gestionar mejor sus recursos”, sentenció Borra.

El sindicato reconoce que en los últimos días "se está notando una leve mejoría de la presión asistencial en Urgencias, aunque las UCI siguen estando al límite en todo el país”, pero señala que los centros hospitalarios en peor situación son los de la Comunidad de Madrid, Salamanca, Cáceres, Vall d’Hebrón, Albacete, Soria, Segovia, Costa del Sol, Hospital General de Alicante, Alcázar de San Juan, La Fe de Valencia y Valladolid, entre otros. “En general, los materiales llegan con cuentagotas al igual que los test y muchos continúan almacenados a la espera de distribución”, lamentan. Desde CSIF consideran que si las pruebas se realizaran de manera inmediata a todos los profesionales de la Sanidad “se frenaría la cadena de contagio, ya que hay muchos que trabajan sin saber si son positivos o no, y a los que han mandado a casa por presentar sintomatología podrían reincorporarse si la prueba diese resultado negativo, lo que solucionaría en parte la escasez de personal”.

El sindicato ha remitido una carta al Ministerio de Sanidad para que modifique estos protocolos de reincorporación al trabajo, exigiendo que se realicen test masivos a los profesionales para “romper la cadena de contagios”. Los protocolos de Sanidad contemplan que en caso de que no se realice la prueba diagnóstica, “el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo transcurridos siete días desde el inicio de síntomas en ausencia de fiebre sin antitérmicos y siempre que se haya resuelto la clínica respiratoria". En su comunicado, CSIF comprende que ante la perentoria necesidad de personal sanitario cualificado que el Sistema de Salud se agilicen los trámites, pero exige que el Gobierno “cumpla y realice las contrataciones suficientes para cubrir las bajas que se produzcan”. El Ejecutivo anunció el pasado mes de marzo que iban a realizarse hasta 50.000 nuevas contrataciones, entre médicos, enfermeros y auxiliares pero, a día de hoy, "solo se han realizado 7.000 nuevos contratos”, denuncian. También exigen a Sanidad que a diario se realicen pruebas diagnósticas a todos los profesionales sanitarios porque, “tras 20 días de alarma, seguimos sin test y sin suficiente material de protección”. Además, reclaman que el personal diagnosticado pase 14 días en cuarentena, al igual que los sospechosos de contagio y que tras su reincorporación al puesto de trabajo “se dote de los equipos de protección adecuados”.