Presión al Gobierno para extender los ERTE del coronavirus hasta el otoño

La desescalada y la reconstrucción van a implicar mucho esfuerzo e ingentes partidas presupuestarias. Los empresarios y los representantes sindicales demandaron ayer al Gobierno la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor a causa del Covid-19 por un periodo de entre tres y seis meses como máximo para facilitar a las empresas la reactivación una vez que se decrete la finalización del estado de alarma. El objetivo prioritario de los agentes sociales es salvaguardar el empleo a toda costa e impedir que, una vez que se ponga fin al confinamiento y se inicie la gradual reactivación de la economía, se produzca un aluvión de despidosal decaer los ERTE diseñados para la epidemia por la expiración de las condiciones de fuerza mayor. Se trataría de prolongar este mecanismo de apoyo durante la reconstrucción en «las mismas o parecidas condiciones que las actuales», indicaron a LA RAZÓN fuentes de la negociación que iniciaron ayer los agentes sociales y con el Gobierno para diseñar la desescalada.

Lo que propusieron las patronales y los sindicatos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, es la prórroga de las condiciones de estos ERTE mediante un mecanismo ágil que, no obstante, evitaría la concesión automática e incluiría una mayor fiscalización para evitar fraudes, según remarcaron las mismas fuentes consultadas. Asimismo, los sindicatos descartan la prolongación de los ERTE de fuerza mayor en función de los sectores implicados en la desescalada, de tal forma que aquellos, como el turismo y la hostelería, que se incorporarán a la actividad con mayor retraso queden guarnecidos por estos mecanismos durante más tiempo que otros sectores que se reactiven antes.

Los líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, aprovecharon la reunión telemática para trasladar al Gobierno que no consideran que una comisión parlamentaria sea la vía para diseñar los grandes acuerdos para la reconstrucción del país y pidieron al Gobierno dejar abierta de forma «ejecutiva» la Mesa de Diálogo Social para la reconstrucción de tal forma que se apliquen los consensos alcanzados en la misma. En cualquier caso, los agentes sociales demandaron mayor apoyo a las pymes y autónomos para evitar su desaparición y la pérdida de los empleos que generan y un mayor esfuerzo para los colectivos que han quedado excluidos, como el millón largo de desempleados sin prestación que no dispondrán de ingreso alguno hasta que el Gobierno ponga en marcha el Ingreso Mínimo Vital, cuya implantación no está prevista hasta junio.

Auditoría sanitaria

En este sentido, Álvarez subrayó durante la reunión la necesidad de que nadie se quede atrás y explicó que esto pasa por poner en marcha cuanto antes el IMV para las personas que están en su casa y que no tienen ningún recurso. El líder de UGT remarcó que los ERTE «son un gran instrumento que tiene que seguir en el proceso de desescalada». Por su parte, Sordo demandó a Sánchez que no desoiga las exigencias sindicales para preparar la desescalada y que se aproveche la reconstrucción para mejorar el modelo productivo, con una mayor presencia de la industria y de la producción nacional en sectores estratégicos. Ambos líderes coincidieron en la necesidad realizar una «auditoría independiente de los sistemas de protección social» para identificar los errores cometidos en la gestión de la crisis por las distintas administraciones.

Pese a que patronal y sindicatos coinciden en la extensión de los ERTE, los empresarios recelan de que el Gobierno anteponga la protección social antes que la recuperación de la actividad empresarial y del tejido productivo. Por contra, CEOE y Cepyme entienden que «sin la recuperación económica y empresarial no habrá cobertura social posible». En cualquier caso, los empresarios agradecieron el «tono constructivo» del diálogo social cuyo objetivo final debe ser lograr «una desescalada ordenada y sin sorpresas» que pretendan imponer «un cambio de modelo económico» en España.