El cheque en blanco de la Unión Europea tendrá que esperar

España acude a Europa sin margen fiscal alguno. Nuestros gobernantes nos han estado sobreendeudando durante años y ahora cargamos con unos pasivos estatales que, a finales de febrero –antes de que estallara la crisis del coronavirus–, ya totalizaban el 98% del PIB. El propio Banco de España anticipa que podríamos cerrar 2020 con una deuda por encima del 120%, algo que nos dejaría absolutamente expuestos a una crisis de solvencia. De ahí que el Gobierno español esté obsesionado con que el resto de gobiernos europeos le rescaten de la situación de alto riesgo en la que se encuentra. En última instancia, y aunque ni Sánchez ni Iglesias lo verbalicen de este modo, se trata de parasitar a los contribuyentes alemanes, holandeses o fineses para poder financiar los enormes déficits públicos del Gobierno español. Desde Bruselas parece que muestran cierta disposición a auxiliarnos a la hora de hacer frente a las dificultades más inmediatas a través de la denominada «triple red de seguridad»: 240.000 millones de euros del fondo de rescate europeo (Mede) para reflotar a los gobiernos; 200.000 millones del Banco Europeo de Inversión (BEI) para dotar de liquidez a las empresas; y 100.000 millones de euros sufragados por la Comisión para sostener el coste del desempleo dentro de la UE. Si nos fijamos, la característica común de estos tres programas es que buscan atender los problemas más a corto plazo de nuestras economías pero no pretenden financiar estímulos futuros a nuestra economía.

Y, como ya se han encargado de repetirnos hasta la saciedad, Sánchez e Iglesias están deseosos de lanzar un gran programa de estímulo económico –basado en el aumento del gasto público– para así poder presentarse como los grandes salvadores de la patria. Pero, evidentemente, con las finanzas estatales contra las cuerdas, es literalmente imposible que podamos financiar nada similar a un megaplan E. Es por eso que el Gobierno socialista acudió ayer a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con un único objetivo: que Bruselas apruebe un Fondo de Reconstrucción –financiado por el conjunto de países europeos– para las zonas del continente que, como España, hayan sido más afectadas. Es decir, un megaplan E global del que salgamos beneficiados pero que no nos cueste un euro. Finalmente, la cumbre terminó en tablas o, mejor dicho, en la indefinición. Europa sí ha decidido que necesita un fondo de reconstrucción, pero no está claro ni cuál será su volumen ni, sobre todo, cómo se financiará. Alemania y el resto de naciones ahorradoras quieren que sea sufragado mediante préstamos a los países implicados: de ese modo podrían imponer una estricta condicionalidad macroeconómica a quienes quieran acudir a él.

España y el resto de naciones manirrotas pugnan, en cambio, por que se efectúe mediante transferencias –no reembolsables– de la Comisión Europea al resto de países implicados. Pero, de momento, nada de nada. Los líderes europeos seguirán peleándose durante las próximas semanas para definir el futuro institucional de la Unión Europea. Por lo que respecta a los intereses de nuestro país, sería un error pensar que éstos coinciden con los de nuestro Gobierno. PSOE y Podemos aspiran a perpetuarse en el poder a través del control de la economía y el establecimiento de redes clientelares. No necesitamos nada de todo ello, sino sostenibilidad presupuestaria y reformas estructurales. Si desde Europa les entregaran un cheque en blanco para que así no tuvieran que preocuparse por nada de todo ello, sólo nos estarían condenando a todos al estancamiento político y económico.