La sanidad y las residencias pierden 34.800 trabajadores en pleno brote del Covid-19

Desde que se empezaron a detectar los primeros casos, durante la declaración del estado de alarma y hasta finales de marzo, la sanidad y las residencias contaron con 34.800 trabajadores menos que en el último trimestre de 2019. Estos datos, extraídos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020, explican, en parte, la debilidad y el colapso del sistema sanitario y de las residencias en pleno brote del Covid-19. Los datos de la EPA no diferencian entre el sector sanitario público y privado, y CSIF llama a la reflexión sobre los acontecimientos que se han producido en las residencias de ancianos, tanto de gestión pública, concertada como privada.

Menos contratos

“La sanidad española solo registró 7.085 nuevos contratos durante el mes de marzo, cifra que contrasta con las 50.000 nuevas incorporaciones que anunció el Gobierno para hacer frente a la presión asistencial, como consecuencia de la pandemia por el coronavirus que azota a nuestro país”, alertaba CSIF a principios de abril. “Se han hecho incluso 3.000 contratos menos de los que se realizaron en marzo del año pasado”, añadía. Además de las escasas nuevas incorporaciones, los trabajadores de estos sectores también han engrosado la lista de los 285.600 ocupados que ha perdido el mercado de trabajo español durante el primer trimestre de 2020. “La inmensa mayoría de esos puestos de trabajo pertenecen al sector público y alrededor de un 25% corresponden al privado”, explican desde CSIF. También cabe recordar que algunos centros médicos privados decidieron prescindir del personal que no se encontrase luchando directamente contra el virus, tal y como alertaron UGT y CC OO.

Más temporalidad

CSIF también denuncia que, según la EPA, las administraciones públicas españolas “registran una tasa de temporalidad del 27,4% (3 puntos por encima del sector privado), lo que refleja la precariedad de un ámbito fundamental en la gestión de las prestaciones y servicios que reciben nuestros ciudadanos y por tanto su vulnerabilidad ante situaciones de crisis como la que afrontamos estos días”. El sindicato subraya la necesidad de crear un plan estratégico de empleo durante el estado de alarma y la posterior reconstrucción. CSIF considera que este “plan debería ir incluido en unos Presupuestos Generales del Estado que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas” El objetivo es ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos y acabar con el desmantelamiento del Estado de Bienestar, que ya venía denunciando desde hace años.