Los halcones del Norte no permitirán desvíos de los fondos contra el coronavirus

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen hoy para intentar pactar los detalles sobre los préstamos a través del fondo de rescate (MEDE) para los países que necesiten hacer frente al gasto sanitario ocasionado por el coronavirus, a través de este salvavidas europeo. Los líderes europeos refrendaron el pasado día 23 de abril una línea de crédito de 240.000 millones de euros que no esté sujeta a las mismas condiciones draconianas que los rescates clásicos: visitas de los temibles hombres de negro, recortes y reformas estructurales como el retraso en la edad de jubilación o privatizaciones. Una vuelta a la pesadilla de hace una década. Debido a las circunstancias extraordinarias, los Veintisiete pactaron que los países en apuros puedan acudir a esta línea de crédito precautoria con hasta un límite del 2% de su PIB y siempre y cuando estos fondos se limiten a hacer frente a los gastos directos o indirectos para luchar contra el coronavirus, incluidas las medidas de prevención. Los halcones del Norte, liderados por Holanda, ya han avisado de que cualquier petición que no cumpla estos requisitos deberá pasar por el aro de las condiciones normales asociadas al MEDE.

Para cerrar flecos y que no haya malentendidos, fuentes diplomáticas explican que hoy los Veintisiete deben concretar el alcance de la ayuda, durante cuánto tiempo estará disponible esta línea de crédito especial y los vencimientos de estos préstamos. Además, también se vigilará a posteriori que el dinero se utilice efectivamente para esta definición de gasto sanitario y tan sólo se exigirá la vuelta a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Las mismas fuentes explican que se está trabajando en un «plan de respuesta estandarizado» sobre las condiciones de los créditos y que éstas serán mucho menos severas que las exigidas en los Memorandos de Entendimiento firmados durante los rescates de la crisis de deuda.

A pesar de que esta línea de crédito es mucho más flexible que el resto del menú disponible en el salvavidas europeo, países como Italia y España descartan tener que acudir a esta ayuda ya que siguen obteniendo financiación en los mercados financieros. En el caso de Roma, el Ejecutivo de Giuseppe Conte se encuentra cercado por la Liga de Matteo Salvini y cualquier alusión al MEDE se ha convertido en una maldición y un estigma para el país. A pesar de estos temores, fuentes diplomáticas descartan que esta vigilancia – previsiblemente del Ejecutivo comunitario– lleven aparejadas condiciones más duras y más exigentes a posteriori. Si todo va según lo previsto y se produce el acuerdo, se espera que sea posible acudir a este instrumento a partir del día 1 de junio, aunque de momento ningún país ha indicado que vaya a solicitarla.

Los ministros de Economía y Finanzas también aprovecharán la ocasión para estudiar las previsiones económicas presentadas esta semana por Bruselas, que proyectan una caída libre del PIB del 7,7% para los países de la divisa única y una recuperación asimétrica entre Norte y Sur del club comunitario. Según sus pronósticos, España se convertirá en el país más golpeado por esta crisis, tras Grecia e Italia. Nuestro país sufrirá un desplome del 9,4% este año y se recobrará parcialmente con un repunte del 7%. Esta severa recesión y el aumento del gasto público para hacer frente a la pandemia ocasionarán un agujero en las cuentas españolas que llevará al déficit público a una escalada hasta del 10,1% y a una deuda del 115,6% del PIB según las proyecciones del ejecutivo comunitario. El paro se incrementará hasta el 18,9% y la pérdida de empleos se moderará ligeramente el año que viene ya que el porcentaje descenderá hasta el 17%.

Los líderes europeos también han acordado destinar hasta 100.000 millones de euros dentro del programa SURE para conceder créditos ventajosos a partir del marco presupuestario para financiar los ERTES, con el objetivo de amortiguar la pérdida de empleos. Se espera que esta herramienta también esté disponible a partir de junio, y la la Comisión ha confirmado que todos los países de la eurozona están en condiciones de acogerse a estas medidas.