La oposición bloquea el “decretazo” de Sánchez y frena el traspaso de las pensiones de los funcionarios

El pasado 21 de abril el Ejecutivo de Pedro Sánchez ponía en jaque a más 657.118 funcionarios. Sin previo aviso ni consulta con las partes afectadas, el Gobierno utilizaba el Real Decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos del coronavirus para dar luz verde al traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares, más conocidos como “Régimen de Clases Pasivas”. De este modo, ya no estarían vinculadas al Ministerio de Hacienda sino al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá.

Desde el Ejecutivo aseguraron que el coronavirus les obligó a acelerar los plazos, ya que seguir los trámites ordinarios generaría “inseguridad jurídica” sobre las pensiones de los funcionarios. Pero esta decisión unilateral chocó de frente con los funcionarios. Así, en un intento por frenar las aspiraciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se dirigió a los grupos parlamentarios de la oposición con el objetivo de impedir este traspaso y conseguir que ese decreto se tramitara como proyecto de ley.

Dicho y hecho, finalmente los partidos de la oposición conseguían frenar el proyecto del Gobierno. El Congreso de los Diputados convalidaba el polémico real decreto de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo pero aprobaba su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia. O lo que es lo mismo, abría la puerta a modificar esta norma en el trámite parlamentario, tal y como solicitó CSIF.

Desde este sindicato afirman que el Gobierno “aprovechó este real decreto para modificar ‘de extranjis’ la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo". Hecho que provocó la indignación y el temor de miles de funcionarios que no sabían qué pasaría con sus pensiones y cómo les iba a afectar este real decreto.

Sin embargo, pese a lograr este primer objetivo, CSIF asegura que “estarán vigilantes” para que el Ejecutivo no dé un paso más para modificar el sistema de protección de los funcionarios. Si todo hubiese seguido su curso, en octubre de este mismo año el Régimen de Clases Pasivas habría pasado a depender ya del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Temor de los funcionarios

A expensas de saber cómo se iba a articular ese real decreto del Ejecutivo, los sindicatos y asociaciones profesionales aseguraron en un primer momento que ninguno de los funcionarios “perdería sus derechos” ni sus “prestaciones sanitarias y sociales” actuales. Hay que señalar que el Régimen de Clases Pasivas es un sistema que llega a su fin. De hecho, según el Real Decreto-Ley 13/2010, todos aquellos funcionarios que entraron a trabajar para el Estado a partir del 1 de enero de 2011 forman parte ya del Régimen General de la Seguridad Social. Una vez llegados a ese punto, los funcionarios quedarán en un lugar un poco más vulnerable a la hora de planificar su jubilación.

Tras el “decretazo” del Gobierno, la preocupación creció entre los miles de funcionarios que desconocíán si esos cambios afectarían solo a los órganos de gestión y concesión de las pensiones o irían más allá y tocarían a los beneficiarios actuales, a las cuantías de las pensiones o a las condiciones para acceder a ellas. El debate parlamentario dará respuesta a muchos de estos interrogantes y será el Gobierno quien tenga que dar explicaciones y justificar esta arbitraria decisión.