España costeará los ERTE con ayudas europeas

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, volvió ayer a descartar que nuestro país esté planeando acudir al fondo de rescate europeo (MEDE), ya que el Tesoro público no tiene problemas para financiarse con normalidad en los mercados financieros. Sin embargo, el Gobierno español sí solicitará créditos blandos a través del nuevo instrumento europeo (SURE), con una dotación total de 100.000 millones de euros. Precisamente, los embajadores de los Veintisiete llegaron ayer a un acuerdo para que este nuevo instrumento pueda financiar los ERTE puestos en marcha en nuestro país, con el objetivo de amortiguar la destrucción de empleo. A su vez, esta herramienta de nueva creación también podrá solicitarse para apoyar a autónomos o ciertas medidas de salud pública puestas en marcha en las empresas.

Todavía se desconoce cuánto dinero pedirá España exactamente a través de SURE, pero Calviño reiteró que el Gobierno planea utilizar este fondo «como una de las vías de financiación de los costes derivados del importante apoyo público que comportan estos expedientes de regulación temporal de empleo».

Tras la luz verde de los embajadores, ahora los Estados miembros deberán aportar garantías por valor de 25.000 millones de euros y se espera que el nuevo instrumento esté disponible a partir del 1 de junio y pueda solicitarse hasta finales de 2022. Estas garantías europeas permitirán que el presupuesto comunitario pueda movilizar dinero en los mercados financieros con un tipo de interés más ventajoso –gracias a su solvencia triple A– que el que obtienen los países más endeudados como España cuando acuden en solitario ante los inversores.

Precisamente por eso, contrasta el interés del Gobierno de Pedro Sánchez en acudir a este nuevo instrumento mientras niega una y otra vez sus intenciones de utilizar el MEDE, cuya ayuda también está centrada en préstamos reembolsables a bajos tipos de interés. Desde ayer está disponible una línea especial de 240.000 millones de euros para financiar el gasto sanitario «directo e indirecto», tanto en la cura como en la prevención de la pandemia. Cada país podrá solicitar el 2% de su PIB, casi 25.000 millones de euros en el caso de España, en préstamos a 10 años con un tipo de interés de un 0,1%. Estos préstamos no llevarían aparejados recortes ni reformas estructurales siempre y cuando los fondos se utilicen en esta definición amplia del gasto sanitario. El director del MEDE, Klaus Regling ha asegurado que España podría ahorrarse en la próxima década hasta 2.000 millones de euros.

A pesar de estos llamamientos, Calviño ha sostenido que España está financiándose en los mercados con «condiciones muy beneficiosas», con un coste medio de las emisiones del 0,3%. Pero ante las preguntas de los periodistas, la vicepresidenta reconoció de manera velada que esta puerta puede abrirse en el futuro. «Tomaremos la decisión relativa al uso de los distintos instrumentos sobre la base del interés general, con el fin de minimizar los costes de financiación», declaró la vicepresidenta antes de la reunión telemática con sus homólogos europeos.

El MEDE fue el instrumento creado durante la crisis de deuda para auxiliar a los países en apuros a cambio de draconianas medidas de ajuste, en los denominados «rescates clásicos». Ante las diferencias con esta crisis, los Veintisiete han decidido habilitar esta línea especial con condiciones más ventajosas, que no incluyen las visitas de los temidos «hombres de negro». Pero tanto España como Italia se resisten a acudir a este instrumento ante el estigma que la palabra MEDE puede seguir causando en los mercados financieros.

Por otra parte, la Comisión Europea ha retrasado hasta el próximo 27 de mayo su propuesta para el nuevo presupuesto de la UE y el fondo de recuperación, según ha anunciado el portavoz principal de la institución, Eric Mamer. «Pueden ya reservar esta fecha en sus agendas», dijo. La intención de Bruselas es abrir un periodo de negociaciones para que los Veintisiete se pongan de acuerdo sobre un texto final de obligado cumplimiento, que debe ser refrendado por el Parlamento Europeo.

Mientras tanto, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, afirmó que podrá anticiparse a este año el desembolso de una parte de estos fondos, aunque oficialmente entrarían en vigor el 1 de enero de 2021. También trasladó a los eurodiputados algunas de las características más básicas del plan de reconstrucción, que estará basado en tres pilares. El «grueso» del fondo estará en el primer pilar, destinado a «ayudar a los Estados miembros a recuperarse y salir más fuertes» de la pandemia. El segundo bloque del plan de relanzamiento incluirá una herramienta para «nuevas inversiones estratégicas» y la creación de un «instrumento de solvencia» para empresas que necesitan ser recapitalizadas tras la pandemia, «se encuentren donde se encuentren». El tercer y último pilar de la recuperación estará centrado en «fortalecer» programas europeos como el de investigación Horizonte, que «han demostrado su valor en la crisis» y otros nuevos, como uno específico sobre salud de nueva creación.