PSOE y Podemos preparan el «sablazo» fiscal del virus: 20.000 millones menos en los bolsillos

No por ya avisada, la subida generalizada de impuestos será menos dolorosa. La peor parte -si se acaba imponiendo el ala dura del Gobierno, representada por el vicepresidente Pablo Iglesias- se la llevarán las rentas más altas -que verán incrementados entre dos y cuatro puntos los tipos impositivos y se les gravará con la ansiada tasa de reconstrucción impulsada por la formación morada-. Pero no serán los únicos, las clases medias tampoco se librarán, y ya sea a través de impuestos indirectos o nuevos ajustes fiscales, tendrán que pagar lo que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos ha bautizado como Programa de Reconstrucción, con el que se pretende salvaguardar el futuro económico inmediato y que esconde una subida generalizada de impuestos, que pretende alcanzar los 20.000 millones de ingresos y abarcará un amplio abanico. Se incrementará el IRPF, se endurecerá el impuesto de Sociedades; se ajustarán y equilibrarán Sucesiones y Patrimonio en todas las comunidades autónomas -la pretensión es impedir por ley su bonificación-; se desarrollarán definitivamente las figuras de las tasas Tobin -sobre el mercado bursátil- y Google -a los servicios digitales-; se gravarán los combustibles -especialmente el diésel- y se acotará el margen de beneficio de las socimis -lo que ya ha provocado la “huida” al extranjero de muchas de ellas-, entre otras medidas de menor calado.

Las cuentas no salen

El Gobierno necesita engrosar con rapidez las maltrechas arcas públicas tras al descomunal esfuerzo económico realizado para contener la propagación del coronavirus, que ha provocado un agujero en las cuentas de 138.923 millones de euros. Según el plan económico del Gobierno presentado en Bruselas se prevé que el déficit público alcance el 10,34% del Producto Interior Bruto (PIB) este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor desde los peores momentos de la última Gran Crisis financiera -en el año 2012 alcanzó el 10,7%-; que el gasto público se dispare del 10,5% hasta el 51,5% del PIB; que la caída de los ingresos estatales caiga un 5,3%, 25.711 millones menos respecto a 2019; y que el desplome previsto del PIB se haya cifrado en un 9,2% este año. Con este terrible panorama, y con una recaudación impositiva de las administraciones públicas en términos de Contabilidad Nacional para este año de 263.443 millones, las cuentas no salen. Sobre todo cuando el Ejecutivo prevé una caída de la recaudación de 96.655 millones en el IRPF, un 2,4% menos que hace un año; una pérdida 76.731 millones en el IVA, un -5,2%; en Sociedades el descenso será de 23.592 millones, un -8,7%; hasta 21.672 millones de pérdida en Impuestos Especiales, un -6,4%; y descensos generalizados en el resto, con especial incidencia en el 38% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. A esto hay que sumar que la destrucción de puestos de trabajo y la generalización de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) disminuirán los ingresos por cotizaciones sociales casi un 6%.

Más presión fiscal

Para paliar esta situación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido en diferentes ocasiones -jaleado por su socio podemita- que España tiene una diferencia impositiva de entre cinco y siete puntos de PIB inferior a la media europea, por lo que entienden que hay margen para una subida tributaria generalizada para ingresar 60.000 millones más. Ese sería su objetivo óptimo. Ello implicaría que, además de los impuestos anteriormente señalados, se tendrían que elevar los impuestos indirectos, tanto de los hidrocarburos, como varios puntos del IVA en muchos productos que ahora lo tienen reducido, aumentar las tasas verdes o retocar el IRPF a todas las rentas, algo que exigiría unos duros costes políticos y electorales, que este Gobierno no parece dispuesto a asumir.

20.000 millones más

Para poder afrontar con una mínima viabilidad la operatividad pública en el corto plazo -al margen del endeudamiento del Estado en los mercados internacionales, que llegará este año al 115% de PIB, el mayor de la historia reciente-, Hacienda prepara ya una receta tributaria que pretende incrementar en al menos 10.000 millones de euros los ingresos del Estado, una cifra que el socio de Gobierno de Pedro Sánchez pretende doblar hasta los 20.000 millones si finalmente la formación podemita logra imponer su receta de “acoso” a las grandes fortunas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado estos días que la anunciada “reforma fiscal se mantiene”, impulsada ahora por la crisis sanitaria, sigue adelante basada en la “progresividad fiscal”. Tampoco ha escondido sus intenciones de acelerar la aprobación “cuanto antes” de las anunciadas tasas Google y Tobin, además de estar ya elaborado un borrador de la conocida como “tasa a los ricos”, presionada por Podemos, que ha decidido utilizar la recién creada Comisión de Reconstrucción en el Congreso para imponer este impuesto, que “los ricos están deseando pagar por patriotismo fiscal”, llegó a decir irónicamente ante los diputados esta semana el propio Iglesias, que abre la “veda” al sablazo fiscal que se avecina, empezando por el IRPF, Sociedades y los gravámenes al ahorro y al Patrimonio, que también se pretenden tramitar “cuanto antes”, confirmaron fuentes del Gobierno.

Tasa a las grandes fortunas

Unidas Podemos pretende recaudar -según sus optimistas previsiones- 11.000 millones de euros anuales por este nuevo impuesto a las grandes fortunas, aquellas que poseen más de un millón de euros de patrimonio. Según el proyecto presentado por la formación morada en la Comisión, tributarían por su patrimonio 205.330 contribuyentes de la siguiente manera: excluyendo el importe declarado hasta 400.000 euros de vivienda habitual, debería pagar de manera progresiva un 2% a partir de un millón de euros; un 2,5% a partir de 10 millones; un 3% a partir de 30 millones y un 3,5% a partir de 100 millones. Este nuevo gravamen sustituiría al actual impuesto de Patrimonio.

IRPF

El Ejecutivo pretende incrementar dos puntos los tipos impositivos para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para los que excedan de 300.000 euros. Este incremento supondría que la medida afectaría a 121.550 contribuyentes -95.025 que ingresan entre 130.000 y 300.000 euros, y 26.525, más de 300.000-. Esto supondría unos ingresos para la Agencia Tributaria de poco más de 524 millones de euros. Lo que sí dispararía son los tipos marginales de las comunidades, con diferencias abismales de hasta cinco puntos entre comunidades.

Sociedades

El objetivo es elevar del 15% al 18% los tipos mínimos sobre la base imponible para grandes compañías, además de un gravamen del 5% sobre los dividendos anuales. El PSOE no parece partidario de secundar a Podemos en su intención de gravar a las empresas sobre la cuota, que supondría un impacto aún más duro sobre sus cuentas y sus dividendos porque significaría, a la postre, una doble imposición.

Ahorradores e inversores

Habrá una subida neta de cuatro puntos en los rendimientos máximos del ahorro de al menos 60.000 contribuyentes. Pasará del 23% al 27% para, según defienden desde el Gobierno -sobre todo desde Podemos-, acercar las rentas del trabajo y del capital. Asimismo, el Ejecutivo pretende aprobar cuanto antes la conocida como Tasa Tobin, que gravará un 0,2% la compra de acciones de grandes compañías españolas cotizadas, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones. Esta medida, que afecta a 61 empresas, pretende recaudar al menos 850 millones de euros en las previsiones más optimistas, y obligará a tributar 425.000 millones del parqué. En cuanto a las socimis, los beneficios de estas sociedades de inversión se gravarán un 15% de forma directa.

Tasa Google

Grava directamente con un 3% a la publicidad, la intermediación on-line y la venta de datos de las empresas digitales en las que el importe neto de sus operaciones mundiales superen los 750 millones de euros, con un mínimo de tres millones en España.

Patrimonio y Sucesiones

A la espera de que la coalición de Gobierno logre pactar con sus socios la aprobación de la “tasa a los ricos”, el impuesto de Patrimonio se incrementará un 1%, que se unirá al de Sucesiones en su pretensión poner fin al supuesto “dumping fiscal” al que acusan a la Comunidad de Madrid y conseguir la ansiada armonización fiscal entre comunidades.

Impuestos indirectos

Destaca especialmente la evolución de los Impuestos Especiales y los gravámenes indirectos, que aceleran su tasa de evolución hasta el casi el 10%. Este incremento está impulsado especialmente por el fuerte crecimiento del Impuesto sobre los Hidrocarburos, explicado por la inclusión dentro de la tarifa estatal de la tarifa autonómica del impuesto, lo que lleva a pagar más en aquellas comunidades que no habían establecido el tipo autonómico máximo. También se generalizarán las conocidas como tasas verdes, a las que el Gobierno pretende otorgar carácter estatal y se estaría estudiando la posibilidad de subir algunos puntos del IVA a algunos productos que ahora lo tienen reducido, como ha propuesto la Comisión Europea.

Voces en contra

Muchas voces se han levantado en contra de esta subida masiva de impuestos y apuestan por todo lo contrario, por una relajación fiscal que aliviaría las maltrechas economías de la gran mayoría de ciudadanos y fomentaría de nuevo el consumo por la posibilidad de que las familias dispongan de más liquidez en sus cuentas. El último en hacerlo ha sido el Círculo de Empresarios, que propone precisamente lo contrario que el Gobierno, medidas de estímulo fiscal “excepcionales y temporales”, que estarían en vigor hasta el 31 de diciembre, para propiciar la reactivación económica, y que pasan por la mora y flexibilización en el pago del Impuesto de Sociedades, el IVA y tributos locales como el IBI, así como agilizar devoluciones tributarias y la utilización flexible de créditos fiscales y amortización de activos. También plantea reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el IVA para adquisición de viviendas, locales de negocios, automóviles, servicios de hostelería, restauración y transporte de viajeros y la suspensión del impuesto de matriculación y las tasas turísticas.