La renta mínima cubrirá solo a un tercio de los hogares prometidos

La recesión económica que se avecina es de tal calibre que amenaza con convertirse en una gran depresión y dejar en la cuneta a miles de hogares españoles. Por eso el Gobierno ha adelantado un año la implantación de su prometida renta mínima vital, destinada a las familias más desfavorecidas. Sin embargo, la precipitación le ha llevado a dar palos de ciego y a errar en los cálculos sobre el número de beneficiarios e incluso, en algunos momentos de los últimos días, en el marco normativo, clave para despejar el número de hogares a los qué afectará esta medida. De ahí que, al final, las unidades familiares beneficiadas desciendan drásticamente a un tercio del millón prometido por el Gobierno, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.

Ante la ausencia de un marco legal previo, las prisas por anticipar esta renta mínima vital han obligado al Ministerio de Seguridad Social a plagiar la legislación sobre esta materia del País Vasco, «por ser la regulación más completa y acabada que existe hasta la fecha». Así lo aseguran a este diario fuentes del PNV.

Una vez importada la legislación del País Vasco, el Gobierno central ha tenido que decidir el pagador de la renta, que será, al final, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por tanto, la prestación tendrá carácter estatal y universal. Es decir, cualquier persona residente en el territorio nacional que cumpla los requisitos tendrá derecho a la misma. De lo contrario, sería inconstitucional. Por eso el Estado establecerá unas cuantías mínimas para esta renta, según las circunstancias de cada hogar perceptor. En este escenario, serán los Gobiernos autonómicos los que complementen la prestación y no al contrario, como hasta ahora había sostenido el propio Ejecutivo.

En este contexto, en principio, esta renta mínima vital, que entrará en vigor en junio a nivel estatal, cubrirá a un máximo de de 325.000 familias en 2020. Es decir, se beneficiará un tercio del número de hogares previsto inicialmente por el propio ministro José Luis Escrivá. Esta cifra coincide prácticamente con los hogares, cuyos miembros residen en España, y que a día de hoy cobran ya esta prestación de los Ejecutivos autonómicos. Cuando entre en junio en vigor la estatal, cada autonomía, si lo desea, podrá complementar esta prestación de acuerdo con su normativa.

Por tanto, el primer error del Ejecutivo central fruto de la improvisación fue plantear que sería el Estado el que debía complementar esta prestación y no al contrario, como así ocurrirá. Por eso los mismos hogares, casi 294.000 familias que hoy en día perciben esta renta, serán el universo al que se destine la del Gobierno central.

Estas familias la solicitarán al Estado a través de los CAISS, centros de la Seguridad Social. El Gobierno, que no se las podrá negar, puesto que previamente ya cumplen los requisitos, se las concederá con una cuantía mínima y la autonomía donde residan se la complementará, si su norma establece cuantías superiores para las mismas condiciones de la unidad familiar.

Sin embargo, será difícil que esto ocurra, ya que el Estado establecerá una renta mínima de 462 euros y una máxima por hogar de 1.015, frente a una cuantía media mínima que abonan ahora las comunidades de 463,05 y una media máxima de 774,34 euros.

Lo que sucederá al final en la práctica será un trasvase del gasto de los Gobiernos autonómicos al central. En estos momentos, los Ejecutivos regionales destinan anualmente unos 2.900 millones para cubrir esta prestación, cuantía similar a la que el Gabinete de Sánchez prevé invertir en esta partida, que estima ascenderá a entre 3.000 y 3.500 millones.